Sánchez e Iglesias ocultan en el pacto su intención de despenalizar los insultos al Rey

El acuerdo para el Gobierno socialcomunista revela algunas ‘ausencias’ llamativas. Medidas antes pactadas entre PSOE y Podemos y reivindicadas por ambas formaciones que ahora no se recogen explícitamente. Es el caso de la intención de estos partidos de reformar el Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, entre otros.

Se trata de una reclamación perenne de Podemos, y también del PSOE. De hecho, los socialistas ya apoyaron, en octubre del año pasado, una iniciativa presentada por Podemos en el Congreso, en la que se pedía suprimir o modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona, el ultraje a España y sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos. 

«Hiperregulación legislativa»

Esa proposición de ley, que inició su tramitación parlamentaria, abría la puerta a despenalizar la quema de la bandera nacional o incluso la apología del terrorismo, en canciones o redes sociales, así como los chistes sobre víctimas de ETA. Los de Iglesias consideran que esos delitos son «medievales» y proponen «acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en Internet». Desde el PSOE se considera necesario acabar con lo que consideran una «hiperregulación legislativa», sacando esos delitos del «derecho penal».

De hecho, el acuerdo para los Presupuestos del Estado, firmado en octubre de 2018 entre PSOE y Podemos, recigía expresamente la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y las injurias a la Corona. En dicho texto se destacaba que España es una «democracia madura» que «demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del derecho internacional». El documento proponía también derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, por considerarla un «retroceso» en los derechos a la libertad de expresión, reunión e información.

El texto del acuerdo para el Gobierno socialcomunista recoge esta pretensión bajo el genérico apartado ‘Derechos y libertades civiles’, donde se propone la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana «para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».

«Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal», relativo a los piquetes de huelga.

El acuerdo presupuestario era, en este punto, más explícito. Así, se proponían medidas concretas, como que «en ningún caso» la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho de manifestación, siempre que sea de forma pacífica, y con control de la intervención policial.

PSOE y Podemos concretaban también entonces que la identificación en comisaría cuando no sea posible acreditarla de forma física o telemática sea «excepcional» y por un tiempo máximo de dos horas -frente a las seis actuales- y que los cacheos corporales solo se puedan realizar cuando existan «indicios concretos y comprobables» y nunca con desnudo total o parcial de la persona.