Sánchez admite en el Congreso que no acatará las sentencias sobre las clases en español en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez, en su rendición ante el separatismo, vuelve a despreciar a los jueces. En esta ocasión, el Ejecutivo admite abiertamente en el Congreso de los Diputados que no respetará las sentencias, entre ellas del Tribunal Supremo, que obligan a que al menos el 25% de las clases en las escuelas de Cataluña se impartan en español. Así consta en una respuesta por escrito al Parlamento, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En ella, el Gobierno, en una argumentación sorprendente, rebate a los jueces afirmando que «imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias, pero el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua».

«La constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia, no sólo como materias sino también como lenguas para enseñar y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas», prosigue el Ejecutivo.

El Gobierno ya utilizó ese mismo argumentario para responder, en agosto, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, como publicó El Mundo. Ahora lo reconoce abiertamente en el propio Congreso, el órgano constitucional que representa la soberanía del pueblo español.

Cesión al separatismo

Lo hace tras una pregunta por escrito de Ciudadanos, en la que este partido advertía de que «la inmersión lingüística en la educación catalana no es sólo contraria a la ley, sino que tiene unas consecuencias devastadoras para la igualdad de oportunidades de los alumnos castellanohablantes, que se ven obligados a sortear una barrera ideológica de carácter lingüístico que les perjudica a la hora de completar sus estudios con éxito y de acceder posteriormente a un empleo mejor remunerado y de mayor calidad».

«Es decir, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está, de manera intencionada, perjudicando el futuro de los alumnos castellanohablantes en esta comunidad autónoma por una cuestión ideológica derivada del nacionalismo más excluyente», avisaban los de Inés Arrimadas.

El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó también a un 25% de las clases en español en todas las escuelas de Cataluña. El Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, no ha hecho absolutamente nada para que se respeten las órdenes judiciales. Más aún, las rebate plegándose a los intereses del separatismo, alegando asimismo que «el Estado carece, por mandato constitucional, de toda posibilidad de control administrativo-sancionador para salvaguardar sus competencias».

«El modelo constitucional apuesta por el equilibrio entre el principio de autonomía de los territorios y el de unidad de la nación y no admite jerarquía entre la Administración estatal y la autonómica», continúa.

El Ejecutivo se remite a la conocida ley Celaá, que eliminó el español como lengua vehicular en la enseñanza como cesión de Sánchez a ERC.

«Cualquier régimen de cooficialidad lingüística debe garantizar que todo el alumnado deberá alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente», defiende el Gobierno. En este contexto, delega en los propios centros educativos «la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».