RTVE justifica hacer propaganda de la Ley de ‘Memoria’ de Sánchez por «su visión completa y plural»

La presidenta interina de Radio Televisión Española (RTVE), la socialista Concepción Cascajosa, ha justificado la emisión de espacios para la divulgación y publicidad de la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez, pactada con los proetarras de Bildu, por «su visión completa y plural». Así lo ha señalado Cascajosa en una respuesta a una pregunta parlamentaria escrita de Vox en el Congreso de los Diputados.

En concreto, el grupo de Santiago Abascal aludió aquí a la información de OKDIARIO sobre el convenio firmado por el Gobierno y RTVE para la difusión de espacios radiofónicos en Radio 5 relacionados con la divulgación de la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. En dicho acuerdo, se recoge que el ente público deberá producir en sus instalaciones y emitir a través de Radio 5, durante un período de 11 meses, un microespacio semanal relacionado con la ley de Memoria de Sánchez, programándose en el horario que RTVE considere más adecuado dentro de su parrilla de programación. De su lado, el Ministerio de Política y Memoria Democrática encabezado por Ángel Víctor Torres se comprometió a que sus representantes y expertos participen gratuitamente en dichos programas que publicitan la ley del Gobierno.

A este respecto, los diputados de Vox Carina Mejías y Manuel Mariscal formularon la siguiente pregunta a la presidenta interina de RTVE: «¿Es consciente la Corporación de que la Ley de Memoria Democrática, y el propio concepto de memoria democrática, son cuestiones absolutamente controvertidas en la sociedad española, y de que la citada norma responde a un programa político del Gobierno en ejercicio desde 2018, habiéndose aprobado sin consenso y con la oposición de un amplio sector de la opinión pública?», plantearon los representantes de la tercera fuerza del hemiciclo.

«En caso afirmativo, ¿cómo es posible que el servicio público de radio y televisión del Estado se comprometa a la difusión de contenidos tan claramente partidistas?», añadieron los diputados de Vox en su iniciativa.

Ante ello, la contestación que realizó Cascajosa, militante del PSOE hasta que accedió a la presidencia de RTVE, fue la de plegarse a los intereses socialistas. «En RTVE somos conscientes de que la Ley de Memoria Democrática busca reivindicar todos los puntos de vista necesarios para dar una visión lo más completa y plural de distintos episodios de la historia de España», alegó la presidenta interina.

Asimismo, Mejías y Mariscal emplazaron a Cascajosa a especificar «qué medidas se van a adoptar para que todos los puntos de vista que existen sobre esta cuestión en los ámbitos políticos e historiográfico se vean reflejados en cada uno de los programas».

La presidenta interina de RTVE se limitó a decir que «los y las profesionales de la Corporación trabajan bajo los principios de objetividad, independencia, veracidad y pluralismo». «En este caso, también», agregó, sosteniendo que «se han buscado siempre voces de expertos y expertas en la materia» y que «todos los episodios se han cuidado tanto en la forma como en el contenido».

Además, Cascajosa replica que «la difusión de los espacios radiofónicos de Radio 5 por los que se me pregunta buscan, ante todo, la defensa de la Democracia como valor fundamental a través de su historia».

Hasta 1983

Cabe recordar que, en paralelo a este convenio con RTVE, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó a la empresa Linkemann Ventures SL por 36.300 euros (impuestos incluidos) una campaña de publicidad institucional para divulgar la polémica Ley de Memoria Democrática aprobada de la mano de Bildu y cuyo revisionismo se extiende hasta 1983.

Según consta en los pliegos de dicho contrato, el Ejecutivo socialcomunista estableció una serie de pautas a seguir por la empresa adjudicataria, donde no faltan los bulos. El más flagrante de todos los mensajes es el que señala que «la Ley de Memoria Democrática elogia nuestra Transición y la Constitución del 78». Nada más lejos de la realidad.

Esta ley salió adelante con el apoyo de los proetarras tras pactar con el Gobierno de Sánchez la constitución de una «comisión técnica» para la elaboración de un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González.

Pese a ello, el Ejecutivo ha decidido hacer propaganda de dicha Ley de Memoria ocultando esta cesión a los herederos de la organización terrorista ETA y blanqueando así la historia criminal de la banda, especialmente en aquella época, la de mayor intensidad de asesinatos. Los llamados años de plomo.