La oposición de 258 familiares de enterrados en el Valle de los Caídos impide a Sánchez las exhumaciones

El plan de exhumaciones que Pedro Sánchez prevé acometer en el Valle de los Caídos, una vez se apruebe definitivamente la llamada Ley de «Memoria Democrática», puede verse frustrado. Muchas familias -en concreto, 258- ya han manifestado su oposición a que se toquen los restos de sus allegados y avanzan acciones legales en el caso de que el Gobierno los extraiga de las tumbas, los remueva, manipule o someta a pruebas de ADN. La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos -que representa a estos familiares- confirma a OKDIARIO que llegarán a «todas las instancias judiciales necesarias» para que se reconozca su derecho de proteger a los allí enterrados.

El principal problema con que se encontrará Sánchez es el propio estado de las tumbas. Un informe forense encargado en 2011 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya admitió que los restos óseos están esparcidos y mezclados, lo que hace que la inmensa mayoría de las identificaciones sean extremadamente complejas. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente primero, reconoció que sería «casi imposible» extraer algunos cuerpos.

Los exámenes realizados determinaron que los osarios -que contienen más de 33.000 cadáveres- se encuentran muy deteriorados por derrumbamientos, filtraciones de agua y humedad, además de que los huesos se encuentran entremezclados unos con otros, en mal estado y, en muchos casos, sin posibilidad de separarlos.

La Justicia reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos, pero también de aquellos otros que no quieren hacerlo. En concreto, un auto del juzgado de San Lorenzo de El Escorial, de 2016, establece los requisitos para poder exhumar un cuerpo. En ese auto, que precisamente reconoció el «derecho a la digna sepultura» de los hermanos Lapeña, se advierte de que «la situación específica del estado de los restos cadavéricos en el cementerio del Valle de los Caídos debe ser tenida en cuenta», ya que «las medidas que se adopten tendrán que valorar la posibilidad de acceso a la planta tercera, en caso de que sea posible, el traslado de restos garantizándose su integridad, respeto y memoria, la identificación de los columbarios afectados y la posibilidad de práctica de la prueba de ADN» y añade que «sólo se procederá a la entrega de restos cadavéricos una vez identificados».

Al mismo tiempo, se avisa de que «el derecho reconocido no es ilimitado, ya que la situación en la que parece encontrarse el cementerio del Valle de los Caídos, determina que las medidas que deben ser adoptadas sean proporcionales», de forma que «se permita realizar todas las acciones necesarias para la entrega de restos, adecuadas a la referida proporcionalidad». El auto señala que «en todo momento debe garantizarse la integridad de los restos cadavéricos» y también se advierte «el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio» y «el respeto a la consideración debida a la Basílica donde se encuentran depositados».

A este punto, el referido a la «memoria de los difuntos» -es decir, de todos los enterrados en el Valle de los Caídos, se aferran precisamente las familias que se oponen a la exhumación de sus allegados. Señalan que, dado el estado de los osarios, será muy complicado conocer con exactitud, antes de la exhumación, si en el osario reposan los restos que se buscan y avisan de que en el proceso podrían extraerse restos mezclados que correspondan a otros enterrados.

A Sánchez se le presenta, así pues, un enrevesado panorama, con acciones judiciales de por medio. La Ley de «Memoria Democrática», aprobada gracias a Bildu, determina que «se atenderán las reclamaciones y peticiones de los familiares que tengan por objeto instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros» y se precisa que «para el caso de imposibilidad técnica de la exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral», ya en previsión de que muchos restos no puedan ser entregados.

Como reveló además OKDIARIO, según datos del Ministerio de la Presidencia, sólo se cuenta con 104 expedientes de exhumación, lo que apenas representa a un 0,31% de las víctimas allí enterradas.