Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 53 días: el Falcon para ir al FIB

Pedro Sánchez llevaba apenas unas semanas en La Moncloa cuando protagonizó su primera gran polémica por el uso del Falcon. El 20 de julio de 2018, el presidente del Gobierno se desplazó a Castellón en el avión oficial del Ejército del Aire y terminó la jornada en el Festival Internacional de Benicasim, donde asistió junto a su mujer, Begoña Gómez, al concierto de The Killers.

El viaje indicó que tenía cobertura institucional. Sánchez visitó el Ayuntamiento de Castellón y mantuvo un brevísimo encuentro con el entonces presidente valenciano, Ximo Puig. Acto seguido se desplazó hasta Benicasim para disfrutar del festival.

Fue precisamente esa combinación de agenda oficial, Falcon y ocio privado la que desató la polémica. Se le exigieron explicaciones en el Congreso sobre el coste del desplazamiento, las razones para utilizar un avión militar y quiénes habían viajado junto al presidente. En la calle, muchos se preguntaban si Sánchez pensaba pagar de su bolsillo la parte correspondiente a su actividad privada.

Pero el FIB no acabó con las polémicas por los desplazamientos presidenciales. Durante los años siguientes, Sánchez ha viajado numerosas veces en el Falcon combinando actos institucionales con mítines del PSOE. En 2021 se llegó a preguntar oficialmente por el coste de utilizar el Falcon en desplazamientos a congresos regionales socialistas y, en 2023, se registraron nuevas iniciativas por viajes realizados durante la precampaña municipal y autonómica. También generó controversia su desplazamiento a Barcelona en diciembre de 2022 coincidiendo con el último concierto de Joan Manuel Serrat.

La polémica del FIB creció además porque la asistencia de Sánchez al festival no figuraba inicialmente en su agenda oficial. El Ejecutivo defendió que el presidente había desarrollado actividad institucional durante el día y calificó después su presencia en el concierto como parte de una actividad cultural.

El episodio convirtió al Falcon, apenas unas semanas después de su llegada a La Moncloa, en uno de sus símbolos. El debate se repetiría durante los años siguientes: no sobre el derecho del jefe del Ejecutivo a utilizar aeronaves oficiales, también empleadas por sus antecesores por razones de seguridad y operatividad, sino sobre cómo se reparten los costes cuando un desplazamiento presidencial termina incluyendo actos privados o de partido.