Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 28 días: fin a la dispersión de presos de ETA

El Gobierno de Pedro Sánchez puso fin el 24 de marzo de 2023 a 34 años de política de dispersión de los presos de ETA. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, autorizó el traslado de los últimos cinco terroristas que cumplían condena en cárceles alejadas del País Vasco y Navarra, culminando un proceso iniciado en 2018 que provocó duras críticas de las asociaciones de víctimas.

Entre los últimos beneficiados se encontraba Irantzu Gallastegui, alias Amaia, pareja del histórico dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. Ambos fueron condenados por el asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco en 1997, uno de los crímenes más estremecedores de la historia del terrorismo en España.

Gallastegui, que cumplía una condena acumulada de 30 años por distintos delitos terroristas, fue trasladada desde la prisión madrileña de Estremera. También se autorizó el acercamiento de Gregorio Escudero, condenado por delitos de asesinato y homicidio terrorista, y de otros tres integrantes de ETA.

Con aquella decisión, el Ejecutivo socialista desmanteló una política penitenciaria implantada en 1989 por otro Gobierno del PSOE, el de Felipe González, para combatir la organización de los presos de ETA dentro de las cárceles.

Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), tras los últimos traslados se contabilizaban 164 presos de ETA en cárceles del País Vasco y otros 11 en Navarra. Sólo Natividad Jáuregui permanecía en prisión provisional en Madrid por una causa judicial pendiente.

La medida fue recibida con satisfacción por EH Bildu. Su dirigente, Arnaldo Otegi, celebró públicamente el anuncio asegurando que era «un día de alegría». También la plataforma Sare, favorable al acercamiento de los presos, festejó el final de la dispersión y anunció que continuaría trabajando para lograr su regreso a casa.

La reacción de la AVT fue muy distinta. La asociación denunció el sufrimiento que el proceso había provocado entre las víctimas y advirtió de que el siguiente objetivo sería conseguir progresiones al tercer grado y libertades condicionales para los condenados por terrorismo.

El Gobierno defendió los traslados alegando que la dispersión había perdido su sentido tras la desaparición de ETA. El acercamiento no implicaba por sí mismo excarcelaciones ni reducciones de condena, aunque la AVT cuestionó las consecuencias posteriores de la política penitenciaria.

El final de la dispersión se convirtió así en un nuevo motivo de enfrentamiento entre el Ejecutivo de Sánchez y una parte de las víctimas del terrorismo, mientras EH Bildu celebraba el cumplimiento de una de sus reivindicaciones históricas.