El PSOE quiere cerrar el pacto del Poder Judicial con el PP en cuanto pasen las elecciones catalanas

El PSOE pretende cerrar el pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) justo después de las elecciones catalanas. De ese modo, si los comicios autonómicos se mantienen el 14 de febrero, la idea del Gobierno pasa por cerrar el pacto de la Justicia el 17 de febrero, miércoles. Justo nada más pasar el periodo de recuento y reflexión de las catalanas. El único obstáculo en el camino es en estos momentos la exigencia de Podemos de ser decisivo en esas negociaciones y colar en el máximo órgano de Gobierno de los jueces a ERC y Bildu.

El PSOE está convencido de que las elecciones catalanas le van a deparar buenas noticias. Piensa que su candidato Salvador Illa puede dar la campanada. Y que, si no es así, al menos podrá conformar un tripartito entre ERC, PSC y Podemos para decir adiós a la etapa Puigdemont-Torra-JxCAT y bajar el listón de las reclamaciones separatistas al Gobierno central. Independientemente del realismo o no de esas cábalas, lo cierto es que los planes en Moncloa parten de esas previsiones. Y, por ello, se ha tomado la decisión de no meter en la batidora electoral la renovación del Poder Judicial. Y es que, abrir la subasta de vocales del órgano de gobierno de los jueces en medio de la campaña supondría una nueva tensión y una nueva posibilidad de que se les notase demasiado la estrategia al PSOE y ERC. Algo que daría facilidades a JxCAT.

Por todo ello, se ha decidido sacar del debate al CGPJ hasta que pasen los comicios regionales. Pero literalmente así: justo hasta que pasen las elecciones. Porque, si se mantienen en el 14 de febrero las votaciones catalanas, tres días después los socialistas quieren oficializar el pacto con el PP. Algo que, sin embargo, aún cuenta con obstáculos.

El bloqueo de Podemos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado ya el ‘OK’ a cerrar el pacto de la Justicia con el PP para renovar el CGPJ. Pero, en contra de lo que defiende públicamente su propio Gobierno, es Podemos quien bloquea el acuerdo. Y es que, mientras Campo acepta un pacto entre PSOE y PP para impulsar, cada uno de estos partidos, 10 nombres de vocales para el órgano de gobierno de los jueces, es el propio Pedro Sánchez quien se ha encontrado con el freno de Pablo Iglesias al cierre del acuerdo por la insistencia del vicepresidente y líder morado en meter en el pacto a Bildu y ERC.

Iglesias no lo está poniendo fácil. Quiere ampliar su poder y ahora pasa a exigir modificaciones troncales en las negociaciones del Poder Judicial abiertas entre el PP y el PSOE. Podemos ha exigido ya la presencia de sus aliados, ERC y Bildu, en la negociación de los cambios en el Consejo. Es más, ha dejado abierta la puerta a que puedan reclamar la designación directa del nombre de algunos de los nuevos vocales.

Y ese es el principal escollo en estos momentos para avanzar en un acuerdo. El vicepresidente no acepta que el nuevo Poder Judicial sea una cosa de dos y es el propio Sánchez quien teme la fuerza de los morados si entran en el órgano de control de los ascensos de los jueces.

El PP rechaza frontalmente negociar la nueva composición del Poder Judicial con las exigencias de Podemos, Bildu y ERC. Y eso significa que la pelota está en el tejado del PSOE: es Sánchez el que debe frenar a Pablo Iglesias para desbloquear la renovación, por mucho que desde el Gobierno insistan en que es el PP quien mantiene bloqueadas las negociaciones.

Los contactos entre Juan Carlos Campo y Enrique López -por parte del PP- no se han roto. Los nombres clave aún deben terminar de fijarse, pero incluso se ha llegado a hablar ya, con nombres y apellidos, de la posibilidad de que una figura como Pilar Teso se situase como presidenta del Tribunal Supremo, tal y como publicó OKDIARIO.

Una moneda de pago a vascos y catalanes se ha colado en este tablero de negociación para poder desbloquear el pacto del CGPJ. Se trata de los Consejos Autonómicos de Justicia, como ya ha adelantado este diario.

Cesión a Bildu y ERC

La creación de estos consejos es una respuesta a la petición de Bildu y ERC y el presidente del Gobierno está dispuesto a cumplirla. El resultado sería el avance en un delicado y controvertido modelo que desgajaría funciones actualmente comprendidas en el CGPJ y que ya ha recibido los reparos del Tribunal Constitucional. Pero, pese a ello, Sánchez quiere llegar al máximo posible en el traspaso de este poder judicial a las autonomías separatistas por el empeño de las dos formaciones mencionadas. Un empeño que sólo tiene una explicación: el deseo de ambos partidos de pasar a tener su cuota de control de los jueces en sus respectivos territorios.

El nombre otorgado en las negociaciones a los organismos que deberían recibir este poder a efectos autonómicos es el de Consejos Autonómicos de Justicia. Y las dos principales regiones empeñadas en avanzar en esta senda son el País Vasco y Cataluña. El PNV siempre ha insistido en este punto, pero el partido más insistente en estos momentos y en esta materia en el País Vasco es Bildu.

En Cataluña ocurre tres cuartas partes de lo mismo. CiU reclamó en su momento esta figura pero ahora la formación verdaderamente insistente e influyente en el ámbito catalán es ERC. Pedro Sánchez y Oriol Junqueras ya iniciaron las conversaciones en su momento para avanzar en la entrega del control judicial a los separatistas en sus respectivas comunidades autónomas.

El PSOE acepta ahora fraccionar el Poder Judicial bajo esa fórmula de Consejos Autonómicos de Justicia y lo hace para que los independentistas puedan controlar a los jueces, liberar a sus respectivos delincuentes presos, y ejercer sin cortapisas su injerencia política hasta el punto de reducir la carga penal correspondiente a movimientos como los CDR o la ‘kale borroka’.