El PSOE que ahora rabia contra el Supremo rechazó que los exiliados por la amenaza de ETA pudieran votar en el País Vasco

El PSOE de Pedro Sánchez se ha lanzado a criticar la decisión del Tribunal Supremo de suspender los efectos electorales de la Ley de Nietos, pero votó en 2021 en contra de una modificación legislativa para devolver el derecho a voto a los exiliados por la amenaza del terrorismo de ETA en el País Vasco.

Ciudadanos llevó al Congreso en 2020 una proposición de ley sobre «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo». En ella, se buscaba restituir la nacionalidad y el derecho a voto de los vascos que hubieran tenido que huir de su comunidad por el temor a los ataques etarras.

La propuesta del partido, entonces liderado por Inés Arrimadas, planteaba una modificación legislativa para incluir «medidas de restitución» orientadas a «devolver a la víctima, siempre que ello sea posible, a la situación anterior a la concurrencia de las violaciones de los derechos y libertades que motivaron su reconocimiento».

Entre las medidas de restitución previstas estaban las que «hagan posible de manera efectiva su regreso voluntario a su lugar de residencia». También se preveía la «reintegración en su puesto de trabajo o la devolución de sus bienes». En ese sentido, se planteaba recuperar «el pleno ejercicio de sus derechos políticos en aquel lugar del que fuera expulsado, incluido el derecho de sufragio, como si tales violaciones nunca hubiesen ocurrido».

Asimismo, se incluía la posibilidad de que, si «tuviesen su vecindad civil en una Comunidad Autónoma distinta» de la que vivían, «tendrían derecho a solicitar la recuperación del ejercicio del derecho de sufragio activo» en la provincia en la que residían «antes de que concurriesen las circunstancias que provocaron su desplazamiento interno forzoso a todos los efectos previstos en el ordenamiento jurídico».

Para hacerlo, la proposición de ley, que finalmente fue rechazada, no exigía un requisito de empadronamiento «ni con carácter previo a la solicitud de este derecho ni con posterioridad a su adquisición».

La propuesta de Ciudadanos incluía recuperar el derecho de sufragio activo «en el municipio en que la víctima hubiese residido» antes de su «desplazamiento interno forzoso». La modificación legislativa pretendía que la inscripción fuese automática «en el censo electoral correspondiente».

La medida, que también incluía ayudas extraordinarias en casos de orfandad o deberes de identificación, concienciación y memoria, se votó definitivamente en 2021. Y el PSOE pulsó el botón del rechazo a la propuesta. A esta negativa se sumaron Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País.

El PSOE contra el Supremo

El PSOE criticó la decisión del Supremo por la suspensión de los efectos electorales de la Ley de Nietos. Se trata de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que advirtió en su auto de un «peligro serio, fundado y real» de que las inscripciones en el censo electoral vinculadas a la Ley de Nietos afecten a la «objetividad» de las próximas elecciones.

El Alto Tribunal expresó que podía causar «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, puesto que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio».

La Sala acordó que se continuara tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento».

La portavoz del partido, Montse Mínguez, aseguró en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva socialista de este lunes que en el partido están «muy preocupados» por esa medida cautelar contra lo que ellos consideran la «mal llamada Ley de Nietos». «El voto es sagrado», subrayó Mínguez desde la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz. «El peligro para la democracia es que les parezca peligroso votar», se quejó.

La también diputada del PSOE recordó que el voto «cuelga de la nacionalidad». «Son españoles, no se les ha quitado la nacionalidad, no ha sido anulada la ley que se les concedió, si son españoles tendrán derecho a votar», manifestó Mínguez.

Mínguez se preguntó «cuál es» el resultado deseado porque, en sus palabras, «tendrán que votar» todos los españoles, porque hasta entonces, «nadie en principio lo conoce».