La semana pasada se conoció que el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que está juzgando a los 37 acusados de participar en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) citaba a declarar como testigo a Pio García-Escudero, presidente del Senado, quien durante aquellos años presidía el PP de la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos del Partido Popular han visto la posibilidad de que García-Escudero comparezca ante el tribunal el mismo día que Mariano Rajoy, para así minimizar el daño de imagen que supondrá ver al presidente del Gobierno en sala judicial.
Según fuentes internas del partido en el Gobierno, la citación a García-Escudero no tiene aún la fecha fijada, si bien el presidente del tribunal sugería en el auto que ésta bien podría ser el próximo 19 de julio, justo una semana antes que Rajoy. Las mismas fuentes indican la conveniencia de hacer coincidir ambas citaciones por razones operativas.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal no especifica en ninguno de sus artículos la imperatividad de que el juez marque la fecha de una citación judicial como testigo, si bien expertos juristas consultados por este periódico indican que «se da por sobreentendido». Añaden que «es habitual» que un tribunal trate con la persona citada una horquilla de fechas en la que ésta puede declarar para facilitar el trabajo judicial y perjudicar lo mínimo posible al testigo.
Así ocurrió con la citación del presidente Rajoy, quien en un principio había tratado de acogerse a su derecho a declarar por escrito o por videoconferencia, en su condición de jefe del Ejecutivo. Cuando el tribunal le hizo ver que, según el artículo 703 de la citada Ley de Enjuiciamiento Criminal, y tratándose de la fase de vista oral, este privilegio sólo sería aplicable en el caso de que hubiera conocido los hechos en su etapa como presidente —y no es el caso—, los abogados de Rajoy propusieron unas fechas para su declaración, el 26 o el 27 de julio.
Y, de hecho, el presidente fue citado el miércoles 26 para comparecer como testigo en la Gürtel. Ahora, a falta de fecha fijada, el PP quiere que García-Escudero, cuarta autoridad del Estado en su condición de presidente de la Cámara Alta, sea citado en esa misma fecha.
Los cargos de ambos, Rajoy y García-Escudero, están recogidos en el mismo artículo 412, que es el que detalla las exenciones a la obligación de comparecer en persona en la sala de juicios, la conveniencia de que sea el tribual el que se desplace al despacho del testigo o la la posibilidad de que éste declare por escrito.
A esa «tradición» de acordar entre el tribunal y el compareciente la fecha más conveniente se quieren acoger los populares. Es indudable que ese miércoles 26 el tribunal ya está activado para la causa, pues Rajoy comparecerá ante él para dar cuenta de cuanto sepa o no sepa respecto a las actividades de la trama Gürtel.
De este modo y con el Senado de vacaciones desde la aprobación de los Presupuestos hace ya 15 días y hasta entrado el mes de septiembre —salvo unas comisiones que se han reunido en esta primera semana—, García-Escudero no alegará dificultades en el ejercicio de su cargo. Al contrario, sus abogados tratarán de ‘negociar’ alegando la conveniencia de acumular ambas comparecencias en la misma jornada para no tener que habilitar otra fecha en la sala y por la conveniencia del testigo.
