El PP intenta que no se admitan a trámite las enmiendas de JxCat a la ley para investir a distancia

Xavier García Albiol
El presidente del PP catalán Xavier García Albiol.

El PP intenta que no se cambie la Ley de la Presidencia catalana: ha pedido a la Mesa del Parlament que reconsidere su decisión de este martes de admitir a trámite las enmiendas que JxCat ha presentado a su propia reforma con el objetivo de posibilitar investiduras a distancia, incluida una posible de Carles Puigdemont.

De igual modo que JxCat, los populares catalanes habían presentado enmiendas a la reforma y la Mesa también las ha admitido a trámite, pero el recurso de los populares alega que las presentadas por JxCat son «un fraude de ley» y contravienen el artículo 155 de la Constitución.

El PP alega que las de JxCat van contra el restablecimiento de la legalidad e incumplen la premisa del 155 de «asegurar la neutralidad institucional del Parlament y atender al conjunto de los catalanes».

Además, señala que una de las enmiendas de JxCat indica que la investidura podrá celebrarse «sin la presencia o sin la intervención del candidato» si así lo autoriza el pleno por mayoría absoluta y que, en caso de no lograr tal autorización, se considerará una votación fallida y se activará la cuenta atrás de dos meses para las elecciones.

Contradice al Estatut

Este artículo, según el PP, «contradice» el Estatut y crea un nuevo supuesto de votación fallida excepcional que no es legal y que en ningún caso puede aceptarse.

«La finalidad del grupo que promueve la iniciativa no es otra que modificar la Ley de la Presidencia para hacer posible que los candidatos a la Presidencia que este mismo grupo presenta puedan someterse al debate de investidura», alerta el PP en su recurso.

Por todo ello, solicita a la Mesa «la reconsideración de la admisión a trámite de las enmiendas al articulado presentadas por JxCat».

Las enmiendas tanto de JxCat como del PP ya se han publicado en el boletín del Parlament (Bopc) y los grupos disponen de 48 horas para pedir al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que analice si son estatutarias y constitucionales.

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