La Policía ha inspeccionado 8 veces la taberna de Iglesias el último año: 6 por denuncias vecinales

La Taberna Garibaldi, el establecimiento hostelero de Pablo Iglesias y sus socios, ha sido objeto de ocho inspecciones policiales durante el último año, dos de ellas realizadas de oficio como parte de controles rutinarios y las seis restantes motivadas por denuncias de vecinos del barrio madrileño de Lavapiés, según confirman datos oficiales de la Policía Municipal en poder de este periódico.

Una de estas inspecciones, realizada en enero pasado, detectó un exceso de aforo que ha derivado en un expediente sancionador contra el local. Esa visita de los agentes ha desembocado en la propuesta de multa de 4.501 euros que ha desvelado en exclusiva OKDIARIO y que ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este viernes a la prensa.

El establecimiento, que abrió sus puertas el 19 de marzo de 2024, opera con una licencia básica de «café-bar», pero las autoridades han detectado diversas irregularidades que han motivado la apertura de varios procedimientos administrativos. Funciona como restaurante y ofrece platos elaborados.

Así, en enero la taberna de Iglesias superó en un 20% el aforo permitido, al encontrarse 55 personas en un local autorizado para un máximo de 45, una infracción considerada «grave» según la normativa de seguridad vigente.

Almeida ha confirmado la sanción señalando que «Pablo Iglesias no está al margen de la ley» y que «tiene que cumplir las normas como todo hijo de vecino». El primer edil también ha hecho referencia a la colecta de dinero que el ex líder de Podemos ha puesto en marcha para su negocio, calificándola de «ridícula» y sugiriendo que «con ese crowdfunding pague la multa al Ayuntamiento».

Reacciones desde Podemos

La noticia ha provocado duras reacciones en el entorno de Podemos. El propio Pablo Iglesias ha utilizado sus redes para acusar al Consistorio de persecución política: «Utilizan el poder institucional para perseguir a sus adversarios políticos y para proteger a sus corruptos. Pura mafia. Pero se les volverá en contra», ha escrito en su cuenta oficial. «Después de la censura, el alcalde fascista de Madrid aplica la persecución administrativa mediante multas a la Taberna Garibaldi», ha replicado el político que dimitió tras perder las elecciones contra Isabel Díaz Ayuso (PP).

En la misma línea se ha pronunciado la ex ministra de Igualdad y candidata a presidenta del Gobierno por Podemos, Irene Montero, quien ha defendido que «la Taberna Garibaldi es mucho más que un bar» y ha acusado directamente al alcalde: «Ya conocemos bien esta mafia, Almeida, no eres el primero del PP que utiliza las instituciones para hacernos guerra sucia», mientras animaba a sus seguidores a apoyar económicamente al establecimiento.

También Pablo Echenique, ex secretario de Organización de Podemos, ha cargado duramente contra el alcalde calificándolo de «payaso» y denunciando lo que considera un doble rasero: «Tiene miles de pisos turísticos ilegales que le joden la vida a sus vecinos y eso no lo inspecciona. Pero sí tiene funcionarios y tiempo para hostigar a un pequeño bar de Lavapiés».

Irregularidades detectadas

La situación de la Taberna Garibaldi refleja una serie de problemas administrativos que, además, van más allá del exceso de aforo. El Consistorio madrileño tiene en tramitación un requerimiento de subsanación de deficiencias por «elementos no ajustados a licencia».

En concreto, la taberna tiene equipos de reproducción sonora no contemplados en su autorización: un amplificador y dos altavoces conectados a un ordenador, precisamente el material que utiliza Pablo Iglesias para realizar actos culturales y mítines políticos en el interior de su taberna.

Madrid Salud y la Comunidad de Madrid también han abierto expedientes que podrían resultar en más sanciones para el establecimiento. Según diversas fuentes, el local opera de facto como un restaurante, con cocina equipada y carta de platos elaborados como «romesco casero», «cocido garibaldiano», «rafioli feministerio» y «tacos venganza», a pesar de contar únicamente con licencia de cafetería-bar.

La decoración del local también ha sido objeto de controversia por motivos de seguridad. Material gráfico compartido en redes sociales muestra que la taberna cuenta con numerosas banderas, lienzos colgados y grandes cortinas rojas, elementos que podrían no cumplir con las normativas ignífugas exigidas a los establecimientos de pública concurrencia, lo que supone un riesgo potencial en caso de incendio.

Otro punto crítico es la accesibilidad del establecimiento, que mantiene dos escalones en su entrada sin la correspondiente rampa para personas con movilidad reducida, así como la ausencia de información obligatoria en el exterior, como los criterios de derecho de admisión o la lista de precios.

Desde su apertura, el establecimiento se ha convertido en un punto de encuentro político para simpatizantes de izquierda, gracias en gran parte a la notoriedad de Iglesias, quien frecuentemente promociona las actividades del local en sus intervenciones mediáticas. En las últimas semanas ha abierto una recaudación de 146.000 euros para mudarse a un local más grande.

El caso Garibaldi ha generado críticas por la aparente contradicción entre el discurso político habitual de Iglesias, frecuentemente crítico con los incumplimientos normativos empresariales, y su gestión como propietario de un establecimiento que acumula requerimientos y sanciones.

La situación recuerda la importancia de la seguridad en locales de ocio, especialmente tras incidentes como el del Madrid Arena en 2012, donde fallecieron cinco jóvenes, o el incendio del restaurante Burrocanaglia en abril de 2023, que dejó tres víctimas mortales debido a elementos decorativos potencialmente inflamables similares a los que ahora se cuestionan en la taberna del ex vicepresidente.

Las autoridades locales han dejado claro que los procedimientos administrativos contra Pablo Iglesias seguirán su curso habitual y que «no tendrán trato especial» para él. Mientras tanto, el debate continúa sobre si quien fuera número dos del Gobierno de España aplica a su negocio el mismo nivel de exigencia normativa que reclamaba desde sus responsabilidades políticas.