Podemos sale del 4M con una deuda de 1,2 millones en microcréditos pese a la subvención electoral

El fiasco de Podemos en las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo no sólo dejó a la formación morada sin su líder, Pablo Iglesias. El fracaso en las urnas sobre las expectativas generadas también dejó al partido del círculo un agujero de 1,2 millones de euros en la devolución de microcréditos.

Los morados realizaron una recolecta de estos préstamos, en teoría aportados por particulares, por un importe total de 1.756.250 euros, según la última información que fue publicada en su página web. Una cifra que el partido de Iglesias trató de poner en valor durante la campaña para movilizar a su electorado, pero que finalmente resultó ser un espejismo.

Podemos puso en marcha esta financiación vía microcréditos prometiendo a sus simpatizantes que les devolvería el dinero una vez recibieran la pertinente subvención por los gastos que originan las actividades electorales previstas en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid. «Cuando nos ingresen la subvención electoral te devolveremos la cantidad aportada», aseguró la formación populista presumiendo de no depender de los principales bancos.

Pues bien, esta subvención -incluyendo el mailing- no pasa de los 523.793,8 euros, muy lejos de los 1,7 millones que recaudó con dichos préstamos la candidatura de Iglesias. Es decir, la formación morada, que obtuvo 10 escaños el 4M, sólo recibirá del Estado un 29,8% del dinero adeudado a sus simpatizantes a través de los microcréditos.

La citada normativa establece una subvención de 19.981,18 euros por cada escaño obtenido, así como de 1,01 euros por cada voto conseguido por la candidatura, siempre que hubiera obtenido al menos el 3% de los votos emitidos. Además, señala que la Comunidad de Madrid subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones, los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas, o de propaganda y publicidad electoral. En este caso, se abona la cantidad de 0,22 euros por elector superado el 3% de los votos emitidos.

Por otro lado, la Mesa de la Asamblea de Madrid otorga una ayuda anual a los partidos con representación en la Cámara. Se trata de una asignación fija, idéntica para todos los grupos, y otra variable según el número de diputados cada grupo. Pero este dinero no es para sufragar los gastos electorales llevados a cabo para el 4M, sino que va dirigido, según la Cámara de Cuentas, a «apoyar la actividad legislativa».

Así las cosas, Podemos tendrá que rascarse el bolsillo y recurrir a sus propias arcas para devolver 1.292.818,10 euros en microcréditos, que no llega a cubrir la citada subvención electoral.

En las generales

Se da la circunstancia de que el partido de Pablo Iglesias ya usó sus propios fondos para devolver 2,6 millones de euros en microcréditos de la campaña de las generales del 10N. Ello, en lugar de la debida subvención electoral, como también prometió.

Estas maniobras arrojan más sombras sobre el sistema de financiación de Podemos, que pivota sobre la falta de normativa sobre los microcréditos, tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas.

Según consta en la memoria de Podemos de 2019, «de forma excepcional, los microcréditos suscritos para la campaña del 10N se han devuelto con fondos propios del partido antes de recibir la subvención electoral, debido a la interrupción en los plazos de fiscalización y ejecución, ocasionados por la crisis del Covid-19», esgrimen los morados.

Además, el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que en las últimas elecciones generales Podemos recibió nueve microcréditos de más de 50.000 euros, el máximo que establece la ley para las donaciones particulares. Sin embargo, los microcréditos no están todavía expresamente contemplados en la normativa vigente, de ahí que el órgano fiscalizador haya insistido en la necesidad de regular esta figura para dejar claro que, si no se devuelven, son donaciones y tienen dicho tope de 50.000 euros.