Podemos pide al Rey Juan Carlos que comparezca en el Congreso para explicar el caso Corinna

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha remitido a la Casa Real una carta dirigida a Juan Carlos I para pedirle que comparezca a petición propia en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de que explique «su actividad institucional como jefe del Estado durante más de 38 años y como Rey emérito desde 2014», y aclare si está implicado en casos de corrupción.

«Vivimos en el siglo XXI y la democracia en España goza de suficiente madurez para ejercer su derecho a saber si la jefatura del Estado es una institución idónea para la corrupción, aunque no esté sujeta a ninguna responsabilidad», reivindica el grupo confederal en la misiva, que firman todos los diputados y senadores de Unidos Podemos.

Dos intentos fallidos 

Esta iniciativa llega tras los dos intentos fallidos de Podemos y sus socios para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre las supuestas actividades irregulares del Rey emérito reveladas por su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein en unas grabaciones hechas por el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo.

La Mesa de la Cámara Baja rechazó el pasado martes reconsiderar esa segunda petición de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación sobre el monarca, a pesar de que en esta ocasión habían acotado el objetivo de estudio desde el momento en que Juan Carlos I abdicó y perdió la inviolabilidad.

El grupo confederal recoge en su misiva el motivo argumentado por la Mesa para rechazar de nuevo su petición: «Aun cuando las comisiones de investigación puedan versar sobre cualquier asunto de interés público, no cabe por esta vía se pretenda exigir, como se dice expresamente en la iniciativa inadmitida a trámite, responsabilidades políticas a quien no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad y, en consecuencia, no puede ser sometido a control político directo o indirecto, de ninguna clase».

A este respecto, Unidos Podemos señala a continuación que «desde hace unos años el pueblo español ha asistido a la publicación de una serie de informaciones que ponen en cuestión la institución monárquica al relacionarla con tramas de corrupción y de enriquecimiento ilícito».

«Tiene derecho a dar su versión»

«Creemos que usted tiene derecho a dar su versión con todas las garantías y que el pueblo español tiene también derecho a escucharle», aseguran al Rey emérito, tras insistir en la «cascada informativa» que «ha suscitado un amplísimo debate público en nuestra sociedad», y en las «diferentes versiones de dichas informaciones» que se han dado.

Asimismo, aprovechan para defender que «el derecho a la verdad es previo al debate acerca de la protección otorgada por la inviolabilidad e irresponsabilidad de la jefatura del Estado durante el ejercicio de sus funciones».

En todo caso, recuerdan que «las noticias aparecidas en los diferentes medios de comunicación» hacen referencia a hechos ocurridos durante su mandato como jefe del Estado, pero también a cuestiones que se produjeron después de que abdicara.

«Somos conocedores del aforamiento otorgado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reserva al Tribunal Supremo el conocimiento de cualquier causa civil o penal contra su majestad. Precisamente este hecho acredita, de forma indudable, que la pérdida de la jefatura del Estado conlleva la pérdida de la inviolabilidad y la existencia de responsabilidad por sus actos», aseguran.

Por ello, reclaman la conveniencia de crear dicha comisión para investigar al menos sus actividades desde que dejó el trono y, en este punto, lanzan un mensaje a los «partidos monárquicos» –por el PP, PSOE y Ciudadanos– que han rechazado su petición en el Congreso. «Deberían ser los más interesados en que el pueblo pueda conocer su versión de los hechos, pero desgraciadamente no ha sido así», lamentan.

«La corrupción es el mecanismo antidemocrático de las élites económicas para controlar el Estado sin presentarse a las elecciones. Por ello, el principal objetivo de su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados sería el de evaluar la idoneidad de la institución monárquica para afrontar la corrupción y para que ninguna institución del Estado haga de la irresponsabilidad un privilegio», concluyen.