Sánchez prepara otro golpe a las empresas: forzar un traspaso masivo de empleados temporales a fijos

Sánchez empleados temporales
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

El Gobierno no ha terminado de asustar a las empresas con la subida del salario mínimo interprofesional y ya está preparando el siguiente golpe a su esquema financiero en plena crisis post Covid. El nuevo decreto que prepara la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, irá directamente a la estructura de contratos laborales de los empleados que utilizan las empresas.

Especialmente las que tienen un negocio condicionado por la temporalidad como, por ejemplo, las empresas turísticas. Según Trabajo, el uso de los contratos temporales es excesivo y carece de justificación económica. Y, por ello, Díaz prepara un mazazo al uso de estos contratos con el fin de forzar que sean sustituidos por los fijos discontinuos, lo que encarecería los costes laborales de las compañías en un momento especialmente delicado.

Yolanda Díaz ya ha mostrado en público su parecer sobre lo que considera un abuso empresarial. Según sus propias palabras, «el principio fundamental de la contratación en España va a ser la estabilidad en el empleo y sólo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique».

Y ha añadido en diversas ocasiones que «hay un uso y abuso de ciertas modalidades contractuales», en alusión directa a los contratos de obra y servicio, uno de las modalidades de contrato temporal más usadas en España. El objetivo del Gobierno es que todas aquellas personas que hayan ocupado un mismo puesto de trabajo durante dos años, en un periodo de treinta meses, encadenando contratos temporales, pasen a la condición de contrato fijo.

La reforma se pretende acompañar de una reducción del uso de la causa de temporalidad para poder justificar los contratos temporales. Así, Díaz quiere limitar las situaciones que habilitan los contratos no fijos a aquellas en las que la empresa no pueda hacer frente a un aumento imprevisible de la demanda.

Y es ahí donde comienza la enorme batalla e inseguridad jurídica de las empresas. ¿Es previsible un aumento de la contratación turística en verano? La respuesta obvia es sí. ¿Y eso significa entonces que las empresas de este sector no podrán utilizar los contratos temporales para empleados? Pues eso es efectivamente lo que temen las compañías por las conversaciones mantenidas con representantes del Gobierno.

No se trata del único torpedo que prepara el Gobierno contra las empresas en plena crisis por el coronavirus. Tras haber convertido a España en el único país que ha subido impuestos en plena pandemia, ha presentado igualmente ante la UE un plan de reformas que incluye obligar a las empresas a pagar lo mismo por los empleados contratados que por los que prestan servicios en esas mismas compañías por medio de subcontratas.

El plan está recogido en el documento de reformas anexo al plan de recuperación y rescate. Todo ello figura bajo el epígrafe ‘Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales’.
El texto de esta reforma recoge literalmente lo siguiente: «Objetivo: evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas».

Acto seguido, el documento añade: «Medidas: en línea con las sentencias recientes del Tribunal Supremo, asegurar un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes, avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas».

Traducido: elevar los costes de la subcontratación para equipararla a la contratación, algo que acabaría con este recurso generalizado entre las empresas para mantener la competitividad.

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