El Gobierno adoctrinará a los alumnos de Bachillerato sobre la «fiabilidad» de los medios de comunicación

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva a las aulas su obsesión por los medios de comunicación y adoctrinará a los alumnos sobre cuáles son o no fiables. El currículo de Bachillerato destaca como una de las «competencias» del alumnado en esta etapa educativa prestar «una mayor atención» a los medios de comunicación, que ponen a los jóvenes «en contacto con la realidad social, política y cultural del mundo contemporáneo». Por ello, uno de los objetivos es que los estudiantes aprendan a valorar los textos «con actitud crítica identificando el punto de vista y la intención del emisor, valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento y para formarse opinión». En el documento, de más de 500 folios, abundan las referencias a los medios y aparecen también los conceptos de «desinformación», «manipulación» y «posverdad».

Así, por ejemplo, en la asignatura de Historia de España, se insta a «la búsqueda y tratamiento de la información», el «acceso a documentos» y «su contraste, contextualización e interpretación» lo que «permitirá entender la historia como un ámbito en constante revisión y cambio». «La Historia de España adquiere un papel fundamental para el ejercicio del espíritu crítico, fundamentado y razonado, para prevenir la desinformación y ejercer el conjunto de valores cívicos que enmarca la Constitución», se sostiene en el currículo. Una observación que no deja de resultar llamativa cuando precisamente el Gobierno trata de imponer su visión parcial de la Historia a través de la autodenominada «memoria democrática».

Y todo ello, mientras Sánchez veta sistemáticamente a los periodistas críticos en sus comparecencias. Un hecho que se está convirtiendo en habitual y que supone que los medios elegidos para trasladar sus preguntas al presidente socialista sean en la mayoría de ocasiones sus afines, como La Sexta, la Cadena SER, TVE, Efe, El País y eldiario.es. 

«Desinformación»

La intención del Gobierno de controlar la supuesta «desinformación» ha estado envuelta en polémica.

El procedimiento de lucha contra la «desinformación», que fue aprobado en noviembre del año pasado, recibió las críticas de la oposición y también de las asociaciones de la prensa por su opacidad y su posible vocación censora. En la estrategia, el Ejecutivo admitía que uno de los propósitos era «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación, mediante su «monitorización y vigilancia». Un punto que generó suspicacias. Como también el hecho de que los trabajos de esa Comisión sean secretos. Este periódico intentó recabar dicha información a través del Portal de Transparencia, pero desde la vicesecretaría general de la Presidencia del Gobierno se aseguró que «al ser un instrumento técnico y de carácter permanente, no levanta acta de sus reuniones».

Cabe recordar que incluso el departamento de Estado estadounidense se hizo eco en su último informe anual sobre derechos humanos de los ataques del Gobierno español a los medios de comunicación, recogiendo que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias «amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación». Una alusión que denunciaba los ataques del ya ex dirigente de Podemos contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, por publicar informaciones incómodas para sus intereses.

Sánchez, además, pretende ofrecer al resto de formaciones un «pacto contra la desinformación», un eufemismo envuelto en la sospecha de la censura a las noticias críticas. La intención de los socialistas es contar con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria y, en consecuencia, de los independentistas y proetarras.