El pago a Bildu: los últimos etarras acercados por Sánchez fueron condenados por 11 asesinatos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior ha informado este viernes de cuatro nuevos traslados de presos etarras. Entre ellos se encuentra Jon Bienzobas Arretxe, que fue condenado, a 3o años de cárcel, como autor del asesinato del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

Bienzobas pasará del Centro Penitenciario Puerto III, en Cádiz, al Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia. Fue condenado en 2007 por la Audiencia Nacional como autor material del asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso. Además de este asesinato y del de Tomás y Valiente, se le impusieron 186 años de cárcel por su participación en el atentado con coche-bomba, el 15 de enero de 1994 en Madrid, al paso de una furgoneta oficial del Ejército del Aire. En ella viajaban once personas. No hubo muertos, pero sí numerosos heridos y daños materiales.

Otro etarra acercado es Ignacio Etxeberría Martín. Pasa del Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, al Centro Penitenciario de El Dueso, en Cantabria. Fue condenado en 2004 a 457 años de prisión como autor del atentado que causó la muerte de Francisco Carrillo García, Ramón Carlos Navia Refojo, Juan Antonio Núñez Sánchez, Emilio Domingo Tejedor Fuentes y Antonio Ricote Castillo. También se le impusieron 30 años de prisión como autor del asesinato de Juan José Carrasco Guerrero.

Aitor Aguirrebarrena Beldarrain pasa del Centro Penitenciario Puerto III, en Cádiz, a la cárcel de Villabona, en Asturias. En 2011 fue condenado por participar en el atentado, en 2000, que acabó con la vida de Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. En 2019 fue condenado a 33 años como responsable del atentado que acabó con la vida de Máximo Casado el 22 de octubre del 2000 en Vitoria. Asimismo, la Audiencia Nacional le impuso 23 años de cárcel por la colocación de una furgoneta-bomba junto al cuartel de la Guardia Civil en Agreda (Soria) que provocó heridas a una mujer. También fue condenado por participar en el atentado contra la discoteca Txitxarro, en Deba (Guipúzcoa).

Por su parte, Patxi Marqués Celaya es acercado a Álava desde Castellón. Fue condenado por planear un atentado que no se llegó a materializar contra un cuartel de la Guardia Civil, en Algorta (Vizcaya).

«Cambiamos de año, pero parece que el acuerdo entre el Gobierno de España con Bildu de Presos por Presupuestos, no ha caducado en 2021», han lamentado desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Son ya más de la mitad de los 195 etarras que siguen en prisión en España los que se encuentran a menos de 200 kilómetros de sus domicilios mientras que en las cárceles andaluzas, las más alejadas, quedan una treintena, han señalado desde la asociación.

Llaman también la atención sobre el hecho de que «esta semana pudimos leer en prensa que Interior suspendía por la Covid-19 las conducciones entre prisiones que no sean «estrictamente necesarias». «Claramente, el Ministerio del Interior considera estrictamente necesario acercar a los asesinos a sus domicilios, pero no reunirse con nosotros para ofrecernos una explicación de lo que supone un nuevo mazazo para las víctimas del terrorismo», destacan.

El Ministerio del Interior, efectivamente, remitió esta semana un escrito a los centros penitenciarios para comunicarles que, ante la evolución del Covid-19 en todo el ámbito estatal, se decidía a suspender de forma temporal todas las conducciones de internos, «salvo aquellas fundamentadas en razones sanitarias o judiciales y las que sean estrictamente necesarias».

52 con delitos de sangre

Pedro Sánchez prosigue así con el pago a Bildu por su apoyo a los Presupuestos Generales.

Mientras, Interior, como reveló este periódico, desconoce el impacto psicológico que estas decisiones, como los acercamientos, suponen para los familiares de las víctimas del terrorismo.

Así lo reconoció el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, en una resolución por el Portal de Transparencia, a la que tuvo acceso este periódico.

En concreto, se preguntaba al departamento por los «informes de impacto psicológico sobre las víctimas en los acercamientos de presos de ETA realizados desde el 11 de noviembre a la actualidad».

En su respuesta, Interior resuelve, sin embargo, que no se dispone de informes «y se desconoce de su existencia».

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, han sido trasladados 134 etarras, 27 de ellos al País Vasco o Navarra. 52 tienen delitos de sangre.