Orden de detención para el ex senador Miguel Zerolo por el ‘caso Las Teresitas’ para enviarlo a prisión
El ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y ex senador, Miguel Zerolo, se encuentra bajo orden de detención con el fin de ser enviado a prisión para cumplir la condena de siete años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación del 'caso Las Teresitas', han informado este lunes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Las fuerzas de seguridad acudieron esta mañana al domicilio de Zerolo, pero no se encontraba en ese momento, por lo que si los familiares no dan con su paradero, se dictará una orden de busca y captura.
Asimismo, ya se encuentran en prisión el empresario Antonio Plasencia, detenido este lunes y condenado a cinco años y tres meses de cárcel, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, condenado a siete años.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este lunes que lleva varios años sin hablar con el ex alcalde Miguel Zerolo, condenado a siete años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación por el ‘caso Las Teresitas’.
«No he hablado con Miguel Zerolo desde hace años, creo que no es necesario hablar. En lo personal no le deseo a nadie pasar por ese trago, pero hay hechos delictivos que he condenado», ha señalado en una entrevista concedida a ‘Cope Canarias’ y recogida por Europa Press.
Ha comentado que tras la primera sentencia de la Audiencia Provincial, su partido, Coalición Canaria (CC), «ya se manifestó», y él mismo ha condenado los hechos, lamentando los «perjuicios» que se han producido y actuando para recuperar los recursos.
«Yo condené lo mismo en 2017, sólo hay que ir a la hemeroteca, no he variado mi postura ni un minuto», ha agregado.
Sobre la recuperación del dinero invertido en la compraventa del frente de playa -52,5 millones más intereses-, ha mostrado su confianza en que pueda volver a las arcas municipales, avalando la estrategia impulsada por los servicios jurídicos municipales desde la primera sentencia.
Ante las críticas de la oposición por haber solicitado la ejecución provisional de la sentencia, ha apuntado que los servicios jurídicos estimaron que «no era prudente» pedirla cuando la sentencia no era firme, y lo que se hizo fue adherirse a la solicitud de la Fiscalía sobre el aseguramiento de los bienes por parte del juzgado.
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