El juez dice que «no ofrece duda» que Begoña Gómez actuó «desde su prevalente posición de esposa del presidente»

El juez Juan Carlos Peinado ha afirmado este viernes que «lo que no ofrece duda alguna» es que Begoña Gómez Fernández ha actuado «desde su prevalente posición de esposa del presidente del Gobierno» para desarrollar actividades «de carácter totalmente privado», citando en las dependencias del Palacio de la Moncloa a empresarios y responsables universitarios en una «situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano».

Con ese argumento como eje central, el magistrado del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza 41 ha dictado un auto que transforma el caso en procedimiento para el Tribunal del Jurado y convoca a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora de Presidencia Cristina Álvarez Rodríguez a comparecer en el juzgado el próximo 1 de abril de 2026.

«Tras la investidura de Pedro Sánchez se produce un cambio radical en la trayectoria de Begoña Gómez. Apenas dos meses después de abandonar la entidad mercantil, Inmark, en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center, estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con la empresa Wakalua SL, ámbito en el que coincide con Juan Carlos Barrabés», añade el juez.

La resolución, de 46 páginas y consultada por OKDIARIO, unifica en una sola pieza los cinco delitos investigados: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.

Los dos primeros son competencia del Tribunal del Jurado conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995. Los tres restantes se tramitan acumulados por su conexidad con aquellos. El propio Peinado aclara que el objeto del auto es verificar la verosimilitud delictiva que exige la misma ley en las próximas semanas.

Moncloa como oficina

El núcleo del auto es la utilización por Begoña Gómez de su condición de esposa del presidente para impulsar una trayectoria profesional construida, según los indicios apreciados por el juez, al calor del poder.

Peinado concluye que esa posición «per se influye en la conducta de cualquier ciudadano, que sabe del poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones o resoluciones, dictadas por sí mismo u ordenadas a cualquiera de los muchos subordinados jerárquicamente».

El ejemplo más elocuente es el del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, quien se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa en julio de 2020 para reunirse con Begoña Gómez sin haberla conocido antes en persona.

El propio rector lo reconoció en sede judicial: «No conocía a la señora Gómez Fernández más que por los medios, obviamente, porque es la mujer del señor presidente del Gobierno […] me dijo si no me importaba acudir al Palacio de la Moncloa y allí acudí, me reuní a solas con ella».

El juez se pregunta en el auto si el rector se habría desplazado «a cualquier domicilio o despacho de cualquier persona que quiere conocerle».

El empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés Cónsul reconoció igualmente en sede judicial haber acudido a la Moncloa invitado por Begoña Gómez en varias ocasiones —»cinco veces o así, cuatro»— para tratar asuntos del máster y cuestiones empresariales, llegando a reunirse «una vez o dos» con el propio Pedro Sánchez en presencia de la investigada.

Tras la primera reunión en la Moncloa, el vicerrector Juan Carlos Doadrio recibió del rector una instrucción que quedó registrada en sus declaraciones judiciales: «Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente».

La gestación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue, según el propio Doadrio, prodigiosamente rápida —es decir, de una celeridad difícilmente explicable por cauces ordinarios—: «el convenio fue muy rápido, era como si ya estuviera preparado».

La cátedra comenzó sus actividades el 30 de octubre de 2020 con la firma de un convenio entre la UCM, Reale Seguros —que aportó 60.000 euros— y la Fundación La Caixa —15.000 euros anuales—.

Begoña Gómez y el software

El auto vincula además a Begoña Gómez con la adjudicación en 2021 de dos contratos públicos licitados por la entidad pública Red.es a la UTE formada por Innova Next SLU —empresa del grupo Barrabés— y The Valley Digital Business School, por importes de 7,77 millones y 4,4 millones de euros respectivamente.

En el proceso licitatorio, esa UTE aportó una carta firmada por Begoña Gómez en la que expresaba «de forma abierta su apoyo a la propuesta». Un informe de la IGAE de 30 de mayo de 2025 detectó en esos expedientes «opacidad en el procedimiento, utilización desproporcionada de criterios subjetivos de valoración» y «eliminación de metadatos», concluyendo que tales circunstancias «beneficiaron indebidamente a la UTE adjudicataria».

Paralelamente, el software desarrollado bajo el paraguas institucional de la UCM acabó bajo control privado de Begoña Gómez. Registró la marca «TSC Transformación Social Competitiva» el 2 de marzo de 2020, se hizo con el dominio transformatsc.org en julio de 2023 y constituyó el 21 de noviembre de ese año la sociedad Transforma TSC SL, de la que figura como «administradora única y socia única», sin comunicarlo ni a la universidad ni a las empresas colaboradoras.

La UCM ha reclamado información sobre esos registros «en defensa de su patrimonio» y ha cifrado en al menos 108.765,79 euros el gasto público destinado al desarrollo del software. La web dejó de estar operativa en septiembre de 2024.

Respecto a Cristina Álvarez, personal eventual de Presidencia con un sueldo acumulado de 401.802,40 euros brutos entre 2018 y 2025, el juez concluye que empleó «tiempo, medios y posición institucional pública en favor de intereses estrictamente privados», gestionando convenios con Google, Indra o Deloitte, participando en reuniones técnicas sobre el software y actuando como interlocutora directa ante la OTRI de la UCM.

La causa arrancó en 2024 a raíz de una denuncia y ha atravesado múltiples recursos y anulaciones parciales. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en enero de 2026 las resoluciones dictadas en otoño anterior y ordenó retrotraer el procedimiento, lo que ha desembocado en el auto de este viernes. Si la comparecencia del 1 de abril prospera y el juez lo aprecia, serán doce ciudadanos elegidos por sorteo quienes decidan si la esposa del presidente convirtió el palacio donde vive en el cuartel general de sus negocios privados. La fecha, casualmente, es el April Fools’ Day o Día de las Bromas en muchos países. En este caso, nadie bromea.