La Audiencia Nacional archiva definitivamente la causa de blanqueo contra Mario Conde y sus hijos

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional archiva, definitivamente, la acusación de blanqueo de capitales y organización para delinquir que pesaba sobre Mario Conde y sus dos hijos, por inexistencia de delito. La Audiencia da la razón al ex banquero y entiende que no hubo nada irregular en los hechos que llevaron a su última detención y le llevaron a prisión preventiva, durante dos meses.

En un Auto notificado hoy a las partes y al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los magistrados desestiman el recurso planteado por la fiscal Elena Lorente y confirman en todos sus términos la decisión de archivo provisional acordada por el juez Pedraz.

Tras ocho meses de estudio de la causa, la Audiencia ordena el cierre en firme de la misma y, con ello, deja sin efecto todas las medidas cautelares -embargos de cuentas bancarias, prohibiciones de disponer de fondos y salidas del territorio nacional- que pesaban sobre Conde y su círculo más cercano.

El precedente del juez Pedraz

El pasado mes de octubre de 2018, el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictaba un auto de sobreseimiento provisional, que ahora ha sido ratificado por los magistrados competentes para resolver la querella de 2016, en la que el Ministerio Público acusaba a Conde como presunto autor de varios delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito fiscal y frustración de la ejecución.

La denominada ‘Operación Fénix’ arrancaba a raíz de un informe de la UCO, confeccionado por el teniente Neira y el teniente coronel Almansa, donde se reflejaban una serie de movimientos bancarios -2,2 millones de euros a través de diferentes ingresos en efectivo y 10,7 millones- procedentes de varias transferencias de cuentas en el extranjero.

La fiscal Lorente tipificaba los hechos como una actividad de blanqueo de dinero, procedente de apropiaciones indebidas de Banesto, e imputaba a Mario Conde como responsable de una red organizada que, integrada por familiares, amigos, empleados y testaferros, habrían logrado repatriar de manera encubierta importantes cantidades de dichos capitales, con procedencia ilícita.

Igualmente, el Ministerio Público le atribuía ocho delitos contra la Hacienda Pública en relación a cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de los ejercicios no prescritos de los años 2011 a 2013 de las sociedades Barnacla, Black Royal OAK y Oleificio Español SA.

El juez Pedraz archivó provisionalmente la causa, en octubre de 2018, al entender probado que el dinero no tenía un origen irregular ni fue utilizado con un «fin delictivo». 

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz ordenaba archivar, provisionalmente la causa, tal y como explicaba a través de un comunicado oficial de la Audiencia Nacional, porque «después de todas las diligencias practicadas», llegaba a la conclusión de que «el dinero investigado no tiene un origen relevante para el proceso porque sería anterior a Banesto, como así ha ratificado el perito judicial designado».

Motivo por el que no encontraba causa alguna de delito «tanto porque no se acredita el origen ilícito del dinero» ni su procedencia de «apropiaciones indebidas de las arcas de Banesto»; como, porque tampoco podía demostrarse que el mismo se hubiese utilizado para una finalidad distinta de «los gastos ordinarios de consumo» como, en todo momento, aseguró la defensa de Conde.

Y por ello, Pedraz, apoyado en los informes de la Comisión Rogatoria cursada a Suiza -para requerir la documentación bancaria detallada sobre las cuentas titularidad del ex banquero en entidades suizas, y los movimientos recogidos en las mismas- concluía que su procedencia quedaba vinculada a una serie de pagos efectuados entre 1980 y 1985, vinculados con la venta de Antibióticos, y por diversas inversiones inmobiliarias efectuadas en Reino Unido, desde 1994 hasta 2009.

Esto es, los fondos, tal y como quedó justificado por el perito -inspector de Hacienda, designado por la Agencia Tributaria y nombrado por Pedraz a propuesta de la fiscal Lorente- en sede judicial, correspondían a partidas anteriores a las investigadas por la Justicia.

Además, añadió el juez que tampoco podía apreciarse la comisión de delito alguno contra la Hacienda Pública ni de frustración de la ejecución, al no haber sido acreditados ninguno de ambos. Y que, por lo tanto, tampoco podía apreciarse el delito de organización criminal al no existir «fin delictivo». Motivo por el que, de acuerdo a su criterio, procedía el sobresemiento de las actuaciones respecto de los demás investigados, entre los que se encontraban los dos hijos de Conde, Alejandra y Mario.