Montero justifica una ley antirracista con un informe suyo que criminaliza a tiendas y bares

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, prepara la futura ley «contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia», actualmente en consulta pública. El documento preliminar, consultado por OKDIARIO, fundamenta la necesidad de la nueva norma en un estudio elaborado por el propio departamento en el que, entre otros, se acusa a los propietarios de viviendas, establecimientos comerciales y restauración de «discriminación» hacia los inmigrantes.

Se trata del estudio sobre Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, realizado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. En dicho documento se presenta un racismo generalizado y estructural en la sociedad española, en distintos ámbitos. Entre ellos, «las tiendas, el comercio, los bares y restaurantes».

«Cuando se plantea el tema de la discriminación en las entrevistas en profundidad a personas de los distintos orígenes, uno de los primeros puntos que surge espontáneamente tiene que ver con los hechos discriminatorios en espacios y establecimientos públicos, como son las tiendas, el comercio, los bares y restaurantes. Se detecta un amplio consenso en que este tipo de hechos son comunes, pero que son complejos de detectar», se recoge en el documento en cuestión, que apoya la futura ley de Montero.

Para sostener esa afirmación, el trabajo aporta los testimonios de presuntos afectados por esas actitudes xenófobas, lo que configura una versión parcial y totalmente subjetiva: «Me siento perseguida en tiendas, y en un bar no me han querido atender porque dicen que soy marroquí”, «Al acudir a una tienda con una mochila me pidieron revisar lo que había adentro mientras que al resto de personas no le dijeron nada (…) me molestó, no me agrada, ¿por qué a mí?»,  “Ahora que tengo barba se me nota más que soy gitano (..) me miran y me persiguen en las tiendas siempre que voy a comprar», son algunas de las acusaciones recogidas.

Según Igualdad, «este tipo de discriminación está muy asociada a los estereotipos sobre ciertos colectivos a partir de su imagen visual». En este contexto, se acusa a propietarios y trabajadores de espacios y establecimientos públicos de dispensar un trato diferente según «la forma de vestir y los rasgos físicos».

Contra la Policía

El estudio también criminaliza el trabajo de la Policía, aportando algunas entrevistas en las que se ofrece una  imagen determinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Uno de ellos es el siguiente: «Yo tuve aquí a mi hermano, y a él cada dos por tres le paraban, por su estilo, por vestir con el estilo americano, norteamericano: de pantalón, la gorrita, pero él no estaba metido en ninguna, y siempre lo paraban y le decían «eh, tú, revisión, los papeles» Pero claro, él estaba harto, siempre decía «¿por qué siempre me paran?» pero sin embargo, a mí nunca me han pedido papeles cuando andaba ilegal, a mí jamás, nunca me los han pedido».

Otro: «En la calle, sí, estando por ahí con mis amigos, pararme, estando yo ahí con la moto, y decirme «bah, chico, si eres gitano para qué». Hay mucho abuso, nos paran más, se ríen de nosotros, nos insultan, nos dicen que no sabemos leer…». (Hombre, grupo gitano).

Y más:  «Hay una diferencia entre la policía que está en oficina y en la calle, no hay respeto, te tratan como a un trapo”. (Hombre, grupo de África no mediterránea).

«Quienes indican que no han percibido un trato discriminatorio de parte de agentes policiales, reconocen que son situaciones comunes para otras personas y otros colectivos, lo que se ve alimentado por los prejuicios en medios de comunicación y redes sociales», sostiene el estudio del Ministerio de Igualdad.

«Racismo estructural»

El departamento de Montero también llama la atención sobre el aumento de la discriminación en la educación y la vivienda.

La ministra de Igualdad ha defendido esta ley por «el racismo estructural presente en la sociedad española» que, ha considerado, es una realidad que «debemos empezar a reconocer, como se hizo con el machismo estructural».

Según Montero, es necesario desarrollar «un corpus normativo que sancione las conductas de discriminación racial» en tanto se trata de un «elemento imprescindible a la hora de medir la calidad democrática de nuestro Estado».