Martes negro para Podemos en los tribunales: declara la abogada que tiene la clave de las obras de su sede

Los problemas judiciales de Podemos se agudizan ante la declaración de este martes de la otra abogada purgada por el partido de Pablo Iglesias, Mónica Carmona. Esta letrada conoce a la perfección las irregularidades en el proceso de licitación de la nueva sede de la formación morada y tiene la clave para que el juez encargado del caso, Juan José Escalonilla, pueda abrir una nueva línea de investigación pese al criterio del Ministerio Fiscal.

Carmona investigó junto al ex coordinador del equipo jurídico, José Manuel Calvente, irregularidades en la financiación de Podemos. De hecho, fue esta colaboración la que provocó el despido inmediato e injustificado de estos dos profesionales.

Según relata Calvente en su denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, tras detectar hechos presuntamente delictivos los puso en conocimiento de la persona responsable de Cumplimiento Normativo Penal de Podemos, Mónica Carmona, cuyas «funciones internas consisten en analizar cualquier acto que pueda implicar penalmente al partido y proponer a la ejecutiva las medidas de corrección y la denuncia que legalmente sean procedentes para cumplir con lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal».

El letrado explica que todas las investigaciones internas realizadas en el seno del partido se realizaron siempre bajo el mandato de la responsable del equipo legal, Gloria Elizo, que después fue cesada de sus responsabilidades y sustituida por el podemita Alberto Rodríguez que, según fuentes del partido, está «desorientado en la organización de los asuntos judiciales puesto que ni siquiera tiene conocimientos esenciales de Derecho». Asimismo, Calvente que actuó bajo la supervisión de Elizo, contó con la colaboración de Mónica Carmona en el «cumplimiento con nuestras obligaciones legales».

Obras irregulares

El abogado apartado comenzó a investigar las adjudicaciones de las obras de la sede en la calle Francisco Villaespesa 18 y trasladó las dudas legales que le surgían a la gerente Rocío Val, ahora imputada en la causa. Cuando ésta constató las sospechas de Calvente «impuso la ley del silencio sobre las obras», motivo por el cual el abogado inició una investigación «reservada» junto a Mónica Carmona sobre «las empresas contratistas y el verdadero coste de las obras». Estas investigaciones provocaron un malestar en la dirección de la formación y resultaron en que los dos abogados fueran despedidos de manera fulminante en diciembre de 2019.

El instructor de la causa abierta por malversación contra Podemos llamó a declarar en calidad de testigo a Mónica Carmona y a Gloria Elizo. Esta última finalmente ha decidido no acudir de manera voluntaria y debido a su condición de aforada el juez ha suspendido su declaración.

OKDIARIO publicó en exclusiva que Podemos acometía la reforma de su sede por 650.000 euros sin respetar el plazo de licitación de las obras. Tras esta publicación y después de recibir documentos y mensajes internos Calvente comenzó a sospechar «de que las obras ya estarían adjudicadas y que el proceso de licitación a través de la web de Podemos no era más que una mascarada para ocultar la adjudicación irregular de las obras y su verdadero importe, que finalmente ha duplicado el precio del presupuesto de ejecución de las obras», según refleja el denunciante en el escrito presentado ante la Guardia Civil y que dio origen a la causa que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

La tía de Iglesias

Este periódico también publicó que Podemos pagó a la tía de Pablo Iglesias, Paloma Pérez-Marín Turrión, una comisión de 72.600 euros por intermediar en la compra de la nueva sede del partido- Este familiar del vicepresidente del Gobierno tiene una empresa inmobiliaria que opera en la capital y en Almería. Fuentes internas del partido morado afirmaron a OKDIARIO que se trata de una de las tantas cacicadas del líder podemita en la gestión del partido.

La formación morada gastó más de dos millones en la compra de un edificio de proporciones «gigantescas» (2.179 metros construidos) y ha tenido que invertir 1.361.055 euros en la adaptar el edificio, el doble de lo previsto inicialmente.

Fue Iglesias quien ordenó comprar la nueva sede a su tía pese a que había otras 5 opciones más económicas sobre la mesa del partido y que no exigían realizar obras ni cambios de licencias.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, abrió la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la financiación del partido a mediados de agosto. En ella están imputados dirigentes de Podemos como Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas electorales; el tesorero Daniel de Frutos; la gerente Rocío Val; la responsable del departamento de compras; Andrea Deodato, así como Podemos como persona jurídica.

La Fiscalía de Madrid ha informado a favor de investigar el asunto y señaló que ve indicios en la denuncia de Calvente, pero únicamente en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting. Se trata de la misma sociedad a la aludía el Tribunal de Cuentas en un informe en el que señalaba posibles irregularidades contables que podrían tener también consecuencias en el ámbito penal.

La declaración de este martes de Mónica Carmona será clave para que el juez decida si amplia la línea de investigación a otros asuntos distintos al señalado por el Ministerio Público.