La ministra Belarra confunde el Tribunal Constitucional con el Consejo General del Poder Judicial

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de Salud en OKDIARIO; responsable de Comunicación y Prensa en el Colegio de Enfermería de León. Antes, redactor jefe en la Crónica el Mundo de León y colaborador en Onda Cero. Distinguido con la medalla de oro de la Diputación de León por la información y dedicación a la provincia y autor de libros como 'El arte de cuidar'.
• • 14/07/2021 23:58
  • Actualizado: 15/07/2021 08:57

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha vuelto a quedar en evidencia al creer que el Tribunal Constitucional (TC) es un tribunal de justicia bajo el paraguas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ministra y secretaria general de Podemos pretendió defender el primer estado de alarma del Gobierno a través de un mensaje público y aprovechar para volver a cargar contra los jueces y pedir una vez más la renovación del CGPJ.

De esta forma aseguró que: «El estado de alarma salvó cientos de miles vidas durante los momentos más duros de la pandemia. Hicimos lo que había que hacer. En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces. Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial».

Ione Belarra desconoce que «el Tribunal Constitucional es independiente de los demás órganos constitucionales» y está sometido a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por tanto, nada tiene que ver el órgano de gobierno de los jueces.

Por otra parte, la ministra Ione Belarra debería conocer que en el artículo 122 de la Constitución especifica en los siguientes términos la representación del CGPJ: «La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia».

El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión.

Podemos es el partido con más investigados en su cúpula

Durante los últimos meses hemos visto cómo la Justicia acorrala a muchos de sus miembros y dicta sentencias como el caso de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a 19 meses de prisión por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés.

Así, el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique,  mostraba su rabia porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidiera inadmitir la querella de la Fiscalía de Dolores Delgado contra la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por supuesta falsedad documental.

Caso niñera

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, volvía a influir en una causa contra Podemos al colocar a la ex ministra socialista a la fiscal Lorena Álvarez Taboada al frente del caso Niñera, en el que se investiga el uso de la ex diputada Teresa Arévalo como cuidadora de la hija menor de Pablo Iglesias e Irene Montero. Esta representante del Ministerio Público también está personada en el procedimiento en el que se indaga sobre el desvío de 363.000 euros de la formación morada a la consultora chavista Neurona.

La lista de imputados o condenados por la justicia en el caso de Podemos es interminable y más del 40% de su cúpula ha estado bajo la mirada judicial. La formación morada ha intentado en más de una ocasión compaginar diferentes campañas de descrédito contra la justicia.