Mazazo de la OCDE a Sánchez: le pide aplazar el cobro de impuestos a las empresas mientras Moncloa acelera el saqueo fiscal

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Carlos Cuesta

La OCDE acaba de alertar de que el crecimiento global puede caer hasta la mitad por culpa del coronavirus. El organismo ha pedido a las economías  que combatan este efecto por el riesgo de devolver la actividad productiva mundial a una situación que nadie desea. Pero ha ido a más. Los contactos mantenidos por los representantes de la OCDE con los distintos países han servido para que la institución insista en la necesidad de que se alivie la carga a las empresas en un momento como el actual. China es la gran fábrica mundial y su parón productivo por el virus provoca que las empresas no puedan facturar pese a contar con innumerables costes fijos. Por eso, la OCDE ha reclamado ayudas fiscales a las empresas para evitar la crisis económica provocada por el virus. Justo lo contrario de lo que impulsa Pedro Sánchez: subidas de impuestos a las empresas por valor de más de 3.000 millones de euros.

El mensaje de la OCDE –desoído por La Moncloa– ha sido claro: las empresas necesitan ayuda en estos momentos, no golpes adicionales. Son las grandes generadoras de empleo y un ataque a su sostenibilidad en pleno avance del coronavirus puede provocar la aceleración de una nueva crisis económica.

Liquidez y aplazamiento de impuestos

Las recomendaciones de la OCDE incluyen dos puntos concretos: líneas de liquidez baratas para que las empresas puedan contar con oxígeno financiero con el que capear la situación y evitar que se convierta en crónica; y aplazamientos de los pagos de impuestos ante la evidencia de que si el producto no llega desde China, las empresas no pueden ni vender ni facturar y, por lo tanto, tendrán serios problemas para pagar los costes fijos del negocio –entre ellos, las cotizaciones sociales–.

Esa es la postura lógica de la OCDE. Que se convierte en un mazazo y una enmienda a la totalidad de los planes de Pedro Sánchez en estos mismos instantes. Porque el presidente español del Gobierno socialcomunista acelera sus subidas de impuestos.

Un reciente informe de PwC no dudaba en pedir a sus clientes –antes de conocerse el efecto del coronavirtus– “analizar los planes de plantilla”, “externalizar los servicios no esenciales” y “provisionar” para poder soportar el castigo fiscal que impulsan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Traducido: someter a un riguroso análisis el nuevo contexto político, estudiar el hachazo fiscal del Ejecutivo socialcomunista de Sánchez y adoptar las medidas necesarias antes de que se fragüen reformas como la laboral que encarecerán claramente los costes de despido y de adaptación a la crisis venidera.

«Externalizar y provisionar»

El informe de PwC incluía un capítulo de “recomendaciones para las empresas”. Y allí se detalla que “ante el nuevo escenario y teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno tiene previsto acometer reformas significativas, consideramos que las empresas deberían analizar su situación y, en caso necesario, adaptarse al nuevo contexto”.

Y no se trata del único informe que aconseja también “analizar las implicaciones legales de la propuesta de uso del beneficio ordinario y no la base imponible en el Impuesto de Sociedades, así como la implicación legal y comercial de un cálculo de coste de CO2 de las importaciones”. Y “analizar los escenarios para la empresa con la propuesta de tributación mínima y efectuar un seguimiento pormenorizado de los detalles prácticos de su posible implementación, así como el efecto en las estructuras societarias a la limitación sobre los dividendos”.

Hay que recordar que el Gobierno ha impulsado un impuesto mínimo de un 15% a las empresas por medio del Impuesto sobre Sociedades, que se eleva hasta el 18% para el sector hidrocarburos y financiero. Y eso, según los propios cálculos del Ejecutivo, va a suponer un nuevo castigo tributario de 1.776 millones de euros.

Pero a esa cifra hay que sumar las subidas de la tasa Google, de los impuestos medioambientales sobre las empresas, de los impuestos tecnológico y de la tasa a la actividad financiera, sólo por citar algunos ejemplos. Y todo ello eleva el castigo fiscal a las empresas por encima de los 3.000 millones. Justo cuando la OCDE reclama aplazar los impuestos.

El acuerdo del Gobierno socialcomunista incluye más subidas de impuestos. E incluye otras medidas altamente traumáticas como la derogación de la reforma laboral del PP. Entre los incrementos impositivos se incluye una subida de dos puntos del IRPF para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros.

Además, se recoge un impuesto para los servicios digitales o las transacciones financieras “consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero”.

“Apostamos por la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente», se dice además, en una anticipo de toda una subida generalizada de impuestos por este concepto. Y todo ello restará más capacidad de aguante a las empresas.

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