Matriculazo: la Universidad será más cara para los alumnos de mayor renta

Escondido entre los puntos que desarrollan el pacto por la educación que propone el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para formar Gobierno se cita como de pasada una de las medidas más polémicas del mismo: «Promover […] un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante». Es decir, a más rico, más pagas por ir a la Universidad.

A este medida de corte socialista se añade otro punto que convierte las becas en «un derecho subjetivo que garantice su reconocimiento efectivo a todo el que reúna las condiciones», más allá de que haya partida presupuestaria para ello.

Curiosamente, tal intervencionismo no se aprecia en todo lo tocante al Estatuto del Personal Docente y en la gobernanza de las Universidades. En esos apartados, los firmantes del pacto se pliegan «al debate, la participación y el consenso de toda la comunidad universitaria».

El resto de iniciativas de la ambiciosa reforma universitaria que proponía Ciudadanos se han quedado en un desideratum bastante etéreo en lo finalmente pactado. Así, los párrafos se centran en el deseo de crear las condiciones para que regresen «los investigadores de excelencia españoles en el extranjero».

Sí que se ve la mano del partido naranja en el modelo de financiación de las universidades españolas, que contempla más dinero para los mejores centros universitarios: se incluyen criterios de cumplimiento de «objetivos de empleabilidad» de sus graduados y a la «consecución exitosa de programas de investigación».

El apunte socialista que cierra el bloque de universidades es un nuevo incremento del gasto: un «programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en universidades públicas».

Enseñanza no universitaria

Durante la campaña electoral, Ciudadanos se llenó la boca de «pacto por la educación». Y razón no le faltaba. En 35 años de democracia se han aprobado hasta siete leyes educativas generales, con los resultados nada halagüeños de que España es el país con mayor tasa de abandono escolar temprano (23,5% según Eurostat) de la Unión Europea, que duplica la media de los 28 Estados miembros (11,9%), y con una puntuación en el informe PISA que nos sitúa en el puesto 23 de los 29 miembros de la OCDE.

Y precisamente con esos términos se titula el punto III del Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado este miércoles por PSOE y Ciudadanos. De hecho, ésa es la primera medida que propone el citado apartado: que en seis meses se alcance un «Pacto Social y Político por la Educación», algo que parece exageradamente optimista teniendo en cuenta que en 35 años no se ha llegado jamás a ningún consenso en este aspecto.

En la enseñanza no universitaria, Ciudadanos ha conseguido que el PSOE acepte una de sus medidas estrella: que el acceso a la profesión docente se vehicule mediante un MIR educativo y se implante la evaluación rigurosa de los profesores.

Además, el acuerdo plantea un plan contra el ciberacoso y el bullying y un brindis al sol: el establecimiento de una educación bilingüe (o trilingüe en el caso de las CCAA con lengua propia), pero no explicita cómo hacerla cumplir en regiones como Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística y el incumplimiento de las leyes actuales y de las resoluciones judiciales demuestra la ineficacia de este deseo.

Ciudadanos ha conseguido, por otra parte, que haya una «revisión global del sistema de formación profesional» para vincularla a las necesidades de las empresas.

El pacto por la ciencia

Ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera han ahondado en este aspecto en sus ruedas de prensa. Y tiene explicación. Los cinco puntos en los que se desglosa este apartado están repletos de buenos deseos, «recuperación de objetivos» y auténticos brindis al sol, como la incorporación de 10.000 investigadores en cuatro años en centros de investigación públicos y privados.

Está ausente completamente cualquier tipo de memoria económica en este punto y se limita el programa de gobierno a plantear como objetivo el «consenso europeo del 3% del PIB» en inversiones públicas de I+D+i. Eso sí, todo repleto de planes especiales, estatales y algo parecido a la politización, también, de la ciencia: un «Consejo para la Ciencia y la Innovación presidido por el presidente del Gobierno».

La Cultura

Se pretende recuperar el Ministerio de Cultura, pero con el sesgo de desarrollar «una política que responda a una concepción federal» de España.

Proponen los firmantes rebajar el IVA cultural del 21% al 10%, una demanda histórica desde el impuestazo de Montoro ene enero de 2012. Es más, PSOE y Ciudadanos pretenden que esa tarifa del 10% sea una política europea armonizada, e impulsarán que el IVA de los libros del 4% no sólo se mantenga sino que en Europa acepten «su equiparación para el libro electrónico».

Socialistas y ciudadanos quieren impulsar, como tantas veces se ha dicho, una ley de mecenazgo y reformar la de propiedad intelectual para «proteger los derechos del creador». En este sentido, el acuerdo pretende luchar contra la piratería con campañas de concienciación en las escuelas y persiguiéndola por la vía administrativa.