Marlaska descarta poner escolta al juez amenazado por investigar la trama rusa del ‘procés’

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechaza poner escolta al juez Joaquín Aguirre, que investiga la conexión del independentismo con el Kremlin. El instructor del llamado caso Voloh -una de las principales ramas de investigación sobre el proceso separatista catalán- recibió en abril un falso paquete bomba en su juzgado, que contenía un temporizador electrónico con una bolsa simulando contener carga explosiva. Pese a tratarse de un artefacto disimulado, el envío generó una lógica preocupación por representar una clara amenaza contra el juez. Tras ello, el juez solicitó a Interior, a través del Consejo General del Poder Judicial, que su protección corriese a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no de los Mossos.

Argumentaba el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que la protección a cargo de la policía autonómica catalana -en ella recae, teóricamente, la competencia- no sería «oportuna» dado que, precisamente, es objeto de su investigación.

«A causa del dato objetivo de que tengo a mi cargo una investigación de gran calado que afecta a la Generalitat de Cataluña, no parece oportuno que se designen como escoltas a funcionarios policiales dependientes de la entidad investigada», señalaba Joaquín Aguirre en uno de los escritos remitidos al CGPJ, recordando a Marlaska la recepción del falso paquete bomba: «Una clara amenaza contra mi persona por la índole de los asuntos que investigo», alegó el instructor.

Marlaska lo rechaza

En este tiempo, el departamento de Marlaska ha descartado poner en marcha dispositivo alguno para proteger al juez Joaquín Aguirre, en el punto de mira del separatismo. Y ahora, en un escrito oficial remitido al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, confirma que no es su intención.

«Teniendo en cuenta la distribución de competencias en el ámbito de la Seguridad pública, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha trasladado una solicitud al Cuerpo de los Mossos d´Esquadra competente en materia de seguridad ciudadana en la comunidad autónoma de Cataluña, para el establecimiento de las medidas de seguridad y
protección que se consideren oportunas al juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona», se limita a responder el departamento de Marlaska a una pregunta de Vox sobre las «medidas de seguridad» adoptadas para «garantizar la integridad personal» del juez.

La decisión es cuestionada por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consideran que dejar la protección del juez en manos de la Generalitat puede comprometer la investigación. Además de las posibles filtraciones, hay que considerar, además, que desde el separatismo -con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez- se acusa de lawfare a los instructores de las causas contra el procés, a quienes en más de una ocasión han señalado públicamente con nombres y apellidos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, llegó a acusar al juez Aguirre de «prevaricación» en una intervención en el Congreso de los Diputados durante el debate de la Ley de Amnistía.

En enero, el juez dio un impulso a las pesquisas sobre la trama rusa del procés, estrechando el cerco contra varios dirigentes separatistas. El instructor decidió entonces prorrogar la investigación alegando haber encontrado «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana (…) con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña, si éste se independizaba de forma unilateral de España».

El objetivo de esa conexión sería «una guerra entre la Unión Europea y Rusia (…), la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso y su presidente Putin (de tendencia política de extrema derecha) para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar, ofrecimientos ambos ya conocidos en esta instrucción».

La decisión del juez llegó en plena aprobación de la Ley de Amnistía y provocó el ataque del separatismo.

En la respuesta al Congreso, el Gobierno rehúye además contestar qué «medidas está impulsando para asegurar, especialmente en Cataluña, el libre ejercicio de las funciones de investigación y enjuiciamiento que las leyes atribuyen a los jueces y tribunales».

En pleno ataque de sus socios separatistas a los jueces, el Ejecutivo alega que «en el ordenamiento jurídico español se determina que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan».

Este martes, la Audiencia de Barcelona emitió un auto en el que estima el recurso interpuesto por el ex consejero de ERC, Xavier Vendrell, anulando la prórroga de la investigación acordada por Aguirre e instándole a archivar el caso o llevarlo a juicio. La resolución supone la nulidad de las diligencias que el juez ha practicado desde agosto de 2023.