Protestas en Galapagar

Iglesias ordena a Marlaska ampliar la vigilancia 24 horas a más calles de Galapagar para impedir protestas

El Ministerio del Interior diseña un ‘blindaje’ especial a la finca de Galapagar donde residen el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. El ministro Fernando Grande-Marlaska obedece así a las presiones del propio Iglesias, que alega ser víctima de una brutal persecución de la «extrema derecha», y se salta el criterio de la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias de seguridad ciudadana en la zona y que no ve necesario el refuerzo de la vigilancia.

No es necesario reforzar con más medios y personal la seguridad en torno a la casa de Iglesias y Montero. Ese es el criterio que defendió la Comandancia de Madrid, tal y como ha sabido OKDIARIO de fuentes policiales, en las recientes reuniones técnicas tras las que Interior ordenó volver a blindar  Galapagar con recursos públicos de cara al inicio del nuevo curso político. Encuentros en los que estuvo representada la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Madrid.

Media docena de manifestantes

A día de hoy, la ‘amenaza’ que se cierne sobre la finca de los Iglesias-Montero la constituye únicamente un grupo de aproximadamente media docena de personas que, desde el inicio de la desescalada, han realizado protestas en la zona. Su actividad se limita a pasearse a distancia de la vivienda, gritar alguna consigna como ‘dimisión’ o portar banderas de España. Una de sus últimas ‘acciones’ fue hacer un picnic a un centenar de metros de la vivienda.

En mayo, cuando comenzaron estas protestas, la presencia de personas era mucho más numerosa. Desde entonces se han realizado miles de identificaciones pero no se ha registrado ningún altercado de importancia mas allá de algún encontronazo verbal. Hoy, los pocos manifestantes que aún continúan su actividad en la zona incluso han sido denunciados por delitos de acoso y coacciones, que finalmente quedaron en nada cuando el juez decidió archivar la querella del vicepresidente.

Sin embargo, el episodio de las supuestas graves amenazas que recibió la familia Iglesias-Montero durante sus vacaciones en Asturias, que según su versión les obligaron a abandonar el municipio precipitadamente, han vuelto a poner sobre la mesa la ‘urgente’ necesidad de una mayor vigilancia de agentes públicos sobre la casa de los dirigentes de Podemos. Y el ministro Marlaska ha dado cancha a estas exigencias, que llegan a Interior directamente desde el propio Iglesias.

Un despliegue «suficiente»

Marlaska toma la decisión de volver a blindar Galapagar sin contar con el criterio de la Guardia Civil. Desde la Comandancia de Madrid argumentaron  que el actual despliegue «ya es suficiente»: en él participan dos agentes estáticos en la garita que custodia la entrada del casoplón, así como una o dos patrullas eventuales -dependiendo del momento y las necesidades- que vigilan la zona de paisano.

Los últimos informes de evaluación sobre la seguridad en la zona, que se elaboran periódicamente en base a las novedades que recogen diariamente los agentes allí desplegados, no contemplan la necesidad de destinar más medios humanos y materiales para controlar a esa media docena de manifestantes.

Además, la valoración que la Guardia Civil esgrimió en esas reuniones se basa en criterios operativos, ya que macrodespliegues como los del pasado mes de mayo y junio, con hasta medio centenar de agentes -y una unidad de élite, tal y como desveló OKDIARIO- , provocaron que se resintieran las capacidades de actuación de los puestos cercanos. De hecho, fue ese el principal argumento que llevó a la Comandancia de Madrid a redestinar a todos esos agentes a tareas de seguridad ciudadana en los pueblos del norte de la Comunidad en la temporada estival.

Sin embargo, en Interior se ha impuesto el criterio de Iglesias, que reclama un aumento considerable de la seguridad en torno a su finca de Galapagar. Una exigencia trasladada a Interior a través de su escolta policial a la que Marlaska ha dado cancha en este asunto, pese a que la vigilancia de los exteriores está asignada directamente a la Guardia Civil.

Sin noticias del acoso a Iglesias

Por otra parte, a día de hoy no hay ningún rastro del ‘salvaje’ acoso de la «extrema derecha» que dijeron sufrir en Asturias los superescoltados  Iglesias y Montero. Ni la Guardia Civil de Asturias ni tampoco ninguno de los 15 escoltas que acompaña a la pareja han presentado de oficio ninguna denuncia sobre el supuesto ‘escrache’ que les obligó a abandonar precipitadamente sus vacaciones.

No hay testigos ni testimonios, no hay imágenes, no hay denuncias. El affaire de las amenazas contra Iglesias y Montero en Asturias va camino de convertirse en una oportuna ficción de un verano salpicado por las revelaciones de la ‘Caja B’ de Podemos.

La única prueba conocida, y que los afines podemitas han difundido en las redes sociales, es la pintada de «coletas rata» que apareció en una de las vías que dan acceso al pueblo, situada a centenares de metros de la vivienda de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y anfitrión de los Iglesias-Montero en esa escapada estival a los montes asturianos.

Según recogía este jueves el diario asturiano El Comercio, la escolta policial que acompaña a Iglesias y Montero no ha remitido ningún atestado describiendo lo ocurrido -que de ser cierto, sería un delito de acoso- a la Fiscalía. Algo extraño, ya que deberían haber actuado de oficio en caso de que los hechos fuesen tan graves como los descritos por Iglesias en sus redes sociales.

Tampoco hay oficio por parte de la Guardia Civil, que es quien ostenta las competencias de seguridad ciudadana de la zona. Cuando en las redes sociales comenzó a circular el asunto del supuesto acoso, una patrulla se personó en San Lorenzo de Felgueras, la pequeña pedanía en la que descansaban los Iglesias-Montero, y tan sólo constató la presencia de la pintada. Ni rastro de esas personas de «extrema derecha» que amenazaban la integridad física de la pareja y sus tres hijos, y que les habrían obligado a salir precipitadamente del municipio para evitar riesgos.

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