Mantener en el cargo a alguien como Ángela Rodríguez ‘Pam’ es avalar su infamia

La lucha contra la violencia sexual es una responsabilidad compartida por todos y no podemos permitir que se tome a la ligera. Es lógico que los poderes públicos tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de las mujeres y de todas las víctimas de éste tipo de violencia.

La nueva Ley Orgánica 10/2.022 de Garantía integral de la Libertad Sexual, promovida por el Gobierno de España, ha causado un gran revuelo en la sociedad debido a la reducción de penas que ha supuesto para los delitos graves de agresión sexual y violación. Esto ha permitido que ciudadanos condenados por estos delitos soliciten la rebaja de sus condenas o incluso su excarcelación. Y la situación se ha vuelto aún más alarmante con la noticia de que 144 delincuentes sexuales han sido beneficiados por esta nueva ley, conocida popularmente como la ley del sólo sí es sí». Sin ir más lejos, hoy mismo se ha publicado que sólo en el País Vasco, se han registrado ya 28 rebajas de penas en 95 procesos de revisión que se están estudiando por los juzgados, según informa el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Pero si malo es que el Gobierno de España esté de brazos caídos ante esta rebaja en las penas de los agresores sexuales -pese a que en el debate parlamentario de esta Ley, desde el Partido Popular ya se advirtió que se producirían como consecuencia del principio penal de la aplicación de la ley más favorable al reo, advertencias que cayeron en saco roto en la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno-, lo de la actitud de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha sido particularmente preocupante.

Decía Abraham Lincoln que hay momentos en la vida de todo político que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios. Eso es de primero de política. Que una representante del Gobierno de España, en un acto feminista, en lugar de mostrar solidaridad y empatía con las víctimas, se riera e hiciera bromas de mal gusto sobre la libertad de los agresores sexuales condenados, no solo es para que se lo haga mirar ella y todo el Gobierno, sino que delata el nivel que tiene.

Es una obviedad decir que la ciudadanía está cada vez más desencantada con la política y con sus representantes. Uno de los principales motivos de esta desafección es la falta de nivel y mesura en muchos de los políticos que tienen la responsabilidad de ocupar cargos públicos.

Este es el caso de la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, al mostrar un desprecio alarmante hacia las víctimas de agresiones sexuales y reírse de las rebajas de condenas de los agresores, en lugar de tomar medidas para evitar situaciones tan graves, que es el fin del cargo público que ostenta.

La ciudadanía espera que los cargos públicos tengan un nivel adecuado para poder abordar problemas tan graves como la violencia sexual. Es inaceptable que una persona en un cargo tan importante como el de Secretaria de Estado de Igualdad muestre una actitud tan baja, y que su ineptitud la quiera disimular echándole cobardemente la culpa a los jueces y magistrados que únicamente aplican la ley que los políticos aprueban.

Eso sólo puede provocar un gran desapego entre la ciudadanía, quienes ven cómo sus representantes no están a la altura de las tareas que les corresponden. Y es por ello por lo que el Gobierno de España debe destituir «ipso facto» a Ángela Rodríguez.

Como sociedad, debemos exigir responsabilidades y tomar medidas para proteger a las víctimas y asegurar que los agresores reciban el castigo que merecen. Y es responsabilidad de la ministra de Igualdad tomar medidas para garantizar que las víctimas de violencia sexual sean protegidas y que los agresores sean castigados adecuadamente. Si la ministra de Igualdad, Irene Montero, no es capaz de destituir a la Secretaria de Estado de Igualdad, es responsabilidad del Presidente del Gobierno hacerlo. Porque son ellos los últimos responsables de mantener a esta señora en su cargo y es su responsabilidad asegurar que las políticas en materia de igualdad sean efectivas y protejan también a las víctimas de violencia sexual.

En materia de violencia contra la libertad sexual, tan importante es no dar un paso atrás, como no dar pasos en falso, que es lo que ha pasado y donde el Gobierno de España intenta echar balones fuera. La sociedad no puede permitir que se siga beneficiando a agresores sexuales gracias a la nueva ley: ni un agresor sexual más beneficiado por la rebaja de penas que ha provocado la Ley del “sí es sí”, ni un minuto más una Secretaria de Estado insensible en su puesto.

Francisco Javier Márquez Sánchez

Miembro del Grupo Popular de la comisión de Justicia del Senado