Lesmes: «Es necesario que en la sociedad no cunda la sensación de impunidad»

El rey Felipe VI presidió este lunes la solemne apertura del año judicial. Una acto que ha prestado especial atención al juicio del ‘procés’ contra los líderes independentistas catalanes acusados por sendos delitos de rebelión y sedición, agravada por malversación, tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en Cataluña.

«Nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho, pues Derecho y democracia son dos principios co-originarios», dijo Carlos Lesmes, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Y es preciso añadir que tan indisolublemente está unida la democracia al Estado de Derecho como a éste la existencia de un Poder Judicial independiente. El Derecho necesita a los jueces para su realización», abundaba Lesmes, en su intervención ante el rey Felipe VI, durante la apertura del año judicial 2019.

El rey daba inicio a la ceremonia al mediodía, acompañado del propio Lesmes, quien pronunciaba su último discurso como máximo representante de ese órgano de Gobierno de los jueces, pendiente de renovación, tras la parálisis institucional del orden Ejecutivo y Legislativo desde el pasado 4 de diciembre de 2018.

Ha sido la séptima ocasión en que Felipe VI preside la ceremonia celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario hace unos meses del histórico juicio contra los 12 líderes secesionistas catalanes.

«Es principal misión de la Justicia, servida por jueces independientes y responsables, la garantía de la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y a la ley y la protección de los derechos y libertades públicas, constituyéndose en el bastión último y definitivo de su defensa», añadió el presidente del Tribunal Supremo.

En efecto, «sin Justicia no hay convivencia. La sociedad sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un instrumentos independiente y neutral para la resolución de sus conflictos, al que se reconozca la legitimidad suficiente como para que sus decisiones sean acatadas y respetadas», decía Lesmes en clara referencia al juicio del ‘procés’ y al relato separatista que, desde el comienzo de la causa judicial en el Tribunal Supremo, ha apelado a la necesidad de una resolución «política de un conflicto político».

«Lealtad con el orden constitucional» avanzaba minutos antes María José Segarra, fiscal general del Estado. Y se refería al juicio del 1-O para poner en valor el «principio de unidad de acción judicial coordinada», como una herramienta esencial para dar respuesta al desafío separatista de los independentistas en Cataluña. «Frente a la extraordinaria gravedad de los hechos objeto de enjuiciamiento, la respuesta de la Justicia ha sido la aplicación serena y firme de la ley», añadía la fiscal.

«Por ello todos habremos de respetar la sentencia resultante, sea cual sea el sentido de la misma», concluía Segarra.

Fiscalía

Por su parte, la fiscal general del Estado, habló sobre el informe presentado hace unos días desde el Ministerio Público: la Memoria Anual que arroja los datos estadísticos resultantes de las actuaciones y procedimientos de los juzgados y tribunales españoles, durante el último ejercicio.

Segarra ha incidido en las funciones de los juzgadores y su imparcialidad en el ejercicio de las mismas «desde la única dependencia posible, la de la Ley».

También ha reclamado la importancia de seguir ahondando en mejoras estructurales orientadas a la «faceta protectora de la víctimas y el grado de sintonía compartida entre el Ministerio Fiscal y la ciudadanía». Además de un mayor esfuerzo «en el ámbito de la corrupción y la criminalidad organizada», apuntaba Segarra para, acto seguido, recordar que de «las más de 600 actuaciones» en dicha materia durante 2017, se ha pasado «a más de 700» en 2018, gracias a la «apertura de las piezas separadas».

Mención especial han recibido los delitos de violencia de género y de prostitución forzosa o proxenetismo. El «gravísimo fenómeno de la violencia de género» y aquellas conductas ilegales que son ejercidas específicamente «contra las mujeres» encierran no sólo números sino «víctimas que han recibido un fortísimo impacto» por dichos hechos, argumentaba Segarra.

Quien ha querido reflexionar, específicamente, a todos aquellos que han sido perpetrados en la modalidad de ‘manada’. Y para los cuales ha prestado su compromiso y colaboración «en la mejora de la regulación actualmente vigente» que permita que este tipo de delitos se tipifiquen de un modo que optimice el castigo, en su aplicación práctica.

«Desde un principio general de la libertad sexual que sea mejor comprendida por la ciudadanía y que se gane su confianza, sin tener nada que ver con sesgos ideológicos ni con una mera batalla semántica», finalizaba Segarra.