Lecciones de derecho administrativo y métodos «increíbles» para financiar el referéndum ilegal

Asomarse, hoy, al juicio del ‘procés’ es hacerlo a una clase magistral de derecho administrativo. Tan bello como enrevesado y complejo, plagado de procedimientos llenos de recovecos, preñado de expedientes e insondables tipologías de contratos, la sesión de mañana ha servido para desentrañar el secreto universo de las licitaciones públicas. Un reto mayúsculo para las acusaciones que -en sus interrogatorios a los responsables jurídicos de la Generalitat sobre los intríngulis operativos de la Administración- han tratado de avanzar en la acreditación del delito de malversación. 

Fiscalía y Abogacía del Estado afilan lápices y recrudecen sus preguntas. Durante la comparecencia de los testigos de perfil más técnico tienen la oportunidad, y son conscientes de ello, de dar con el talón de Aquiles del Govern catalán en su preparación del referéndum. Desentrañar el funcionamiento de las Consejerías y los puntos débiles de una burocracia donde la ley fue, presuntamente, sustituida por la trampa para permitir la financiación de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, es su único objetivo.

«Se prescindió del procedimiento legalmente establecido», reconoce Francesc Esteve, director del gabinete jurídico de la Generalitat, al hilo de la anulación de las facturas de TV-3 correspondientes a los anuncios del 1-O. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, consigue que el testigo deslice la existencia de irregularidades en la tramitación de la publicidad institucional emitida en el ente autonómico, en pro del referéndum. La afirmación adquiere una relevancia especial, teniendo en cuenta que Esteve arrancaba su intervención con la negación categórica de que se hubiese generado un «perjuicio para el erario público» como consecuencia de las actuaciones del Govern.

Quien fuera número dos de la exconsejera de Gobernación, Meritxel Borràs, ha desgranando, con tono áspero, algunos de los acuerdos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación, como el contrato marco de Unipost tras el que, presuntamente, se escondieron partidas para la financiación del 1-O, con fondos públicos, previo encargo de los cinco departamentos de la Generalitat que figuran incorporados al mismo.

Las acusaciones insisten en acreditar la malversación. Fiscalía insiste en que la Generalitat usó mecanismos irregulares, con apariencia de legalidad, para desviar fondos públicos al 1-O

Unipost generó una secuencia de facturas «proforma» que quedaron en suspenso -en cuatro de esas cinco Consejerías- salvo en Trabajo, donde habían sido rechazadas, hasta en dos ocasiones. Ninguna se pagó. Como tampoco percibió remuneración alguna la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales tras la emisión de los dos anuncios -‘Catalanes en el exterior’ y ‘Civisme’- de manera «gratuita», asegura Esteve sin inmutarse. La realidad es que, a día de hoy, Nuria Llórach, presidenta de la entidad audiovisual, aún sigue reclamando al departamento de Presidencia sendas facturas, por importes de 93.000 y 180.000 euros respectivamente, vinculadas a la prestación de dicho servicio.

«Se rechazaron por un defecto de forma» porque fueron enviadas por correo electrónico sin usar la plataforma de la Generalitat, ha aclarado el testigo. Esteve evita concretar si, con posterioridad, se dio a la Corporación la oportunidad reenviarlo de acuerdo al formato previsto.

El testigo se esfuerza por desvincular los documentos contables y la emisión de la publicidad (de las vías del tren,  encargada por Presidencia, de la preparación del 1-O. Y para hacerlo, alude a tecnicismos constantes: «No aparece en ningún momento ninguna vinculación de la publicidad de este registro con el referéndum». Esteve asegura que el registro quedaba amparado en una ley autonómica de 2017 que «no fue objeto de impugnación» y comportaba diferentes servicios, todos ajenos a la consulta declarada ilegal, además de ser práctica «habitual» en otras comunidades autónomas.

No obstante reconoce que las facturas de las tres adjudicatarias iniciales no se llegaron a abonar porque Presidencia dijo que estaban siendo objeto de investigación judicial y «por prudencia» se suspendió el pago. De todas ellas se emitieron nuevas facturas, rectificativas, si bien el testigo no ha sabido valorar si debían interpretarse, entonces, como un pago indirecto: una donación a favor de la Generalitat.

La versión de Esteve era avalada, minutos después, por Merce Corretja, directora general de Contratación de la Generalitat quien ha negado que existan «en absoluto» contratos para el 1-O. «Hemos realizado búsquedas en el registro público por si se encontraba algún documento relacionado y nada» espeta para defender, como Esteve lo hiciera antes, que los contratos en discusión en este juicio tienen una explicación muy diferente a la que le atribuyen las acusaciones. Con especial énfasis, el Ministerio Fiscal.

Las facturas objeto de discusión judicial fueron rechazadas por «defectos formales» pero ninguno de los testigos cualificados que hoy declaran entró a analizar el fondo de las mismas

Sin embargo, la testigo vuelve a caer en la pregunta trampa de la Abogacía del Estado. De estos contratos lo único que se publica es, no su contenido, sino su formalización. Algo que deja abierta una vía, probable, de error: «Cuando se detecta alguna irregularidad se abre un expediente de revisión de oficio para su anulación, porque es nulo de pleno derecho». «¿Es posible, entonces, que la irregularidad se detecte con posterioridad, cuando el contrato ya se ha ejecutado?», insiste la fiscal Consuelo Madrigal. «En este momento no recuerdo ningún caso concreto, me parece muy difícil, existe la posibilidad pero nunca la he vivido», señala.

Madrigal ha encontrado el hueco y se prepara para rematar. Cuestiona a la testigo. Según sus afirmaciones habría sido posible que se hubiesen formalizado contratos, para la celebración del referéndum ilegal del 1-O, a través de la entidad separatista Òmnium Cultural, comprometiendo en pago de los mismos a la Generalitat. «Me parecería bastante increíble, me parece inimaginable», esgrime Corretja. «Sí, sí que lo es», ironiza la fiscal.

«No existen contratos formales específicos para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente», han asegurado los dos principales testigos. Lo que no obsta para que, de una manera extraoficial, se vinculasen compromisos institucionales a servicios prestados de facto que habrían de ser pagados, a posteriori, en la república independiente de Cataluña que estaba por llegar.

Fiesta en los Patrol de la Guardia Civil

La exdiputada de la CUP Mireia Boya asegura en la Sala que tuvo «la suerte» de subirse al techo de uno de los coches de la Guardia Civil que, el 20-S, estaban aparcados en el exterior de la Consejería de Economía de la Generalitat. Como no era partidaria de desconvocar la concentración protesta, se alzó sobre los Patrol para recordar a un grupo de «jóvenes más entusiastas» -eufemismo que ha empleado para omitir el carácter radical de ciertos grupos infiltrados entre la muchedumbre- las prácticas de la «no violencia». Boya está pendiente de ser juzgada, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por desobediencia.

Junto a la exparlamentaria de la CUP Eulàlia Reguant -a quien el tribunal sancionó penalmente tras negarse a contestar en el juicio del ‘procés’ a las  preguntas de la acusación popular de Vox- se «subió» a lomos de un todoterreno del Instituto Armado después de que Sànchez y Cuixart les pidieran recordar a unas jóvenes ‘cuperas’ cuáles eran «las bases de la desobediencia civil no violenta».

«Por nuestra estatura necesitábamos algún lugar elevado», se justifica Boya. Así que, ni cortas ni perezosas, utilizaron el techo del vehículo oficial como «atril» desde el que dirigirse a la gente. Una vez arriba dijo «en plan humorístico»: «Sé que a muchos de vosotros os encantaría estar aquí. Yo tengo la suerte de poder hacerlo para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta, siempre, desde la no violencia».

Dos diputadas de la CUP se subieron, el 20-S, a los coches de la Guardia Civil para usarlos como «atril» y recordar el carácter «pacífico de la desobediencia civil»

No quiso «provocar daños» con su pequeña fiesta particular. Sólo pretendía evitar altercados, aunque ha reconocido que con su peso «seguramente sí» contribuyó «a chafar un poco el capó del coche». La «actitud completamente festiva» de la gente que estaba «cantando y bailando» invitaba al espectáculo pero su objetivo no fue, «en ningún momento», el de «impedir» los registros judiciales, que se estaban produciendo en el interior de la Consejería de Economía, sino solo «defender el derecho de sufragio del 1 de octubre».

La concentración era espontánea y no tenía autorización oficial previa, ni la necesitaba. «En Barcelona es práctica habitual efectuar concentraciones y protestas», recuerda al hilo de esta idea uno de los últimos testigos de la tarde. Se trata de Jaume Asens, quien fuera teniente de alcalde de la ciudad Condal en el equipo de Ada Colau. «El derecho de manifestación tiene», según su particular versión del orden público, una «connotación especial» en la ciudad Condal que «no exige» la solicitud formal de autorización para su ejercicio. Para qué frustrar «la fiesta de la democracia» con burocracia…