Una juez imputa al director de la cárcel de Villena y a la subdirectora protegida por Marlaska

Desde que el escándalo de la subdirectora de la cárcel de Villena diera un giro de 180 grados convirtiendo a la presunta víctima en la autora de falsas denuncias y presunta simulación de delitos, el Ministerio del Interior ha tratado de poner límite a las consecuencias del escándalo. Primero suspendieron a la trabajadora a la que el ministro Marlaska definió como “una verdadera funcionaria” tras haber denunciado un mafioso asalto a las puertas de su domicilio que resultó ser falso. Luego cayó el director de la cárcel, quien, pese a tener aprobada la prórroga en su cargo, fue jubilado hace muy pocos meses. Ahora, ambos pasan a ser investigados por el juzgado que investiga la filtración del vídeo que desató la polémica.

A principios de septiembre, los sucesos de la cárcel de Villena salieron de su ámbito intramuros para ocupar las aperturas de algunos de los informativos televisivos del país, algunas radios y unos cuantos periódicos. Hacemos esta diferenciación porque con el paso del tiempo se comprobó que los primeros medios en tener acceso a un vídeo que se usó de manera torticera como arma arrojadiza contra una asociación de funcionarios de prisiones fueron medios afines a la Administración a la que esta asociación vienen poniendo en jaque desde hace ya un tiempo.

La ecuación de los hechos presentada en estos medios fue tan simplista como errónea: en un vídeo se ve a varios funcionarios reducir por la fuerza a un interno. Por esos hechos, la subdirectora de la cárcel debía prestar declaración y por eso le mandaron mensajes amenazantes primero y la agredieron a la puerta de su casa después. Su denuncia la convertía a ojos del ministro Marlaska y de Instituciones Penitenciarias en una heroína, pero casi nada de lo anterior era cierto, por mucho que la mismísima televisión pública se animara a colocar en un rótulo que las amenazas contra la mujer las mandaban desde la asociación Tu Abandono Me Puede Matar.

¿Por qué fue un planteamiento erróneo? Porque, para empezar, el 16 de agosto de 2021, día en el que se grabó la actuación de los funcionarios, la subdirectora de Villena no estaba en la cárcel, por lo que poco o nada podía aportar sobre la reducción llevada a cabo por sus compañeros. De hecho, ni siquiera fue ella la encargada de gestionar el vídeo ni de que éste llegara a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por lo que su testimonio tampoco podía afectar a sus compañeros. No existía ningún motivo para amenazar o agredir a la subdirectora de la cárcel, lo que daba sentido a lo que meses más tarde ratificó la investigación de la Guardia Civil: se lo había inventado todo.

«No son más que figurantes»

Ahora el juzgado de Villena ha tomado la iniciativa y ha decidido citar como investigados a tres personajes de esta truculenta historia, pero como apuntan fuentes cercanas al caso a OKDIARIO, “no son más que figurantes” porque la gran pregunta es ¿quién dio la orden de recuperar aquel vídeo, filtrarlo a la prensa y vincularlo a unas amenazas y a una agresión inexistente?

Para acercarse un poco más a esta respuesta hay que pasar por otro par de ceses llamativos en la estructura penitenciaria del Ministerio del Interior. Uno de ellos es el de la jefa de Comunicación de Instituciones Penitenciarias, especialista en tratar de atar en corto la información vinculada con las cárceles españolas y desde hace meses muy lejos de esos quehaceres, en un ministerio que nada tiene que ver con el de los barrotes. El segundo de los ceses lleva al seno de Instituciones Penitenciarias, o más bien a la cúspide. ¿Quién pudo solicitar el vídeo que acabó filtrado a los medios de comunicación? La Jefatura de Inspectores, cargo que ya no ostenta quién lo hacía en el momento del escándalo. Otra destitución que deja un tufo inequívoco a que nada de esto fue accidental.

Pues con este panorama serán interrogados el próximo 11 de mayo la ex subdirectora de la cárcel de Villena y el exdirector. Los acompañará la subdirectora de tratamiento. Estarán ahí precisamente por petición expresa de la misma asociación, TAMPM, a la que alguien pretendía acusar. Entre todos los investigados deberán responder quién mostró interés por una actuación penitenciaria como las que hay decenas cada día en toda España, quién pidió tener acceso al vídeo, quién lo filtró a la prensa y quién, si hubo alguien, convenció a una “funcionaria de verdad”, según Marlaska, para que fingiera gravísimos hechos por los que también está siendo investigada. De lo que digan depende que haya nuevas y mayores imputaciones.