La juez del procés en Barcelona investiga al director de un semanario por imprimir actas del 1-O

Alejandra Gil, la magistrada que instruye la causa del referéndum ilegal del 1-O en Barcelona, ha decidido investigar al director del semanario comarcal El Vallenc, Francesc Fàbregas, y varios responsables de la empresa que llevó a cabo la impresión –presuntamente por encargo del Govern– las actas de votantes de la consulta ilegal de 2017. Gil fue la sustituta del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer tras su fallecimiento el pasado mes de noviembre tras una larga enfermedad. El magistrado, que fue condecorado por la Generalitat de Cataluña en 2016, se convirtió en la bestia negra de los separatistas al ordenar la detención de los altos cargos del Gobierno regional que promovieron la celebración de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona acepta la inhibición de un magistrado de Tarragona que inició las diligencias, en septiembre de 2017, y acuerda unir a la causa por los preparativos del 1-O la investigación por la supuesta confección de las actas de votantes del referéndum en la rotativa de Constantí (Tarragona) que imprime El Vallenc.

Los cerca de 7.000 ejemplares de esas actas, destinadas a incluir las listas numeradas de votantes del 1-O y que llevaban la inscripción «Referéndum de Autodeterminación de Catalunya 2017», fueron intervenidas en la entrada y registro que la Guardia Civil practicó, días antes de la votación, en la nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) donde se encontraron las papeletas del 1-O.

La Fiscalía presentó una denuncia contra cinco responsables de la empresa Indugraf Offset y contra el director de El Vallenc por prevaricación, desobediencia y malversación, lo que dio pie a que, semanas antes del 1-O, la Guardia Civil registrara los locales donde se imprime el semanario, unas diligencias que motivaron las primeras concentraciones contra la actuación del instituto armado ante el referéndum. Tras el registro, el director de El Vallenc fue citado como investigado ante la Guardia Civil, pero se negó a prestar declaración.

En una investigación que durante meses permaneció secreta, el juez de Tarragona que instruyó la denuncia encargó a la Guardia Civil que averiguara quién pagó los 1.588,97 euros que costó la impresión de las actas de votantes, ante los indicios de que pudo sufragarlas el Govern.

Los agentes examinaron la facturación de El Vallenc, con la orden judicial que dictó el juez para rastrear sus cuentas, y también investigaron si algunos ayuntamientos tarraconenses -Valls, Vallmoll, Santa Coloma de Queralt, Plan de Santa Maria, Vilaverd o Montblanc- abonaron las actas del 1-O enmascarándolo en los pagos que hacen al semanario, por publicidad o suscripciones.

Las pesquisas de la Guardia Civil, sin embargo, no dieron frutos, y la causa -que la Audiencia de Tarragona ha avalado en un auto- ha llegado al juzgado de Barcelona que indaga el referéndum sin que se haya podido determinar el origen de los pagos. De hecho, en su petición para que se aúnen ambas causas, la Fiscalía de Tarragona argumenta que la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona podría «esclarecer» ese asunto, teniendo en cuenta que en ese proceso se ha incautado «mucho más material, todo el preparado para ser distribuido», encargado por personas que formaron parte de la administración.