Impuestazo a las autovías: cuidarlas cuesta lo mismo que el Ministerio de Montero y la subvención a RTVE

El Gobierno pretende establecer un impuesto por el  uso de la red de carreteras del Estado. Una propuesta recogida en el Plan de Recuperación presentado a Bruselas para recibir los fondos europeos. El Ejecutivo baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar este mecanismo, que ya ha provocado la polémica.

El Gobierno alega varias razones, como la reducción de gases de efecto invernadero y otras consecuencias para el medio ambiente. Pero, principalmente, se ampara en el déficit que arrastra la conservación de carreteras, cifrado en unos 8.000 millones de euros. Sin embargo, la inversión real en mantenimiento apenas asciende a unos 760 millones anuales, según el último dato disponible (2018). Una cuantía incluso inferior al coste del Ministerio de Igualdad (451 millones de euros) y la subvención pública que recibe RTVE (473 millones de euros).

El Gobierno intenta así justificar la medida impositiva en el déficit acumulado, y no en lo que realmente se invierte cada año.

«Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios», señala el texto enviado a Bruselas.

«Cierto rechazo inicial»

El plan del Ejecutivo es que el sistema sea «escalable y progresivo», es decir, que primero se cobre en la red de alta capacidad (autovías) y que progresivamente se vaya extendiendo a otras redes, abriendo de esta forma la puerta a que cualquier carretera pueda acabar siendo de pago. Se destaca también que las tarifas serán «asumibles pero que garanticen la financiación». Esos peajes no se concretan todavía.

El Gobierno considera que serán necesarios entre 2 y 3 años para desarrollar los instrumentos normativos y poner en marcha la estructura necesaria para implementar el sistema a nivel nacional.

Ante el rechazo de la opinión pública -como ya se ha constatado- el Gobierno quiere desarrollar un plan de concienciación. «Es esperable cierto rechazo inicial», se observa desde el Ejecutivo.

La medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, que el Ministerio de Transportes prevé tener lista en el segundo semestre de 2023. En el anteproyecto de esta Ley ya se abría la puerta a la «necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país».