Illa rechaza responder al defensor del pueblo catalán por su alto cargo condenado por desviación de poder

El Govern de la Generalitat del socialista Salvador Illa se ha negado a responder a un requerimiento del defensor del pueblo catalán, llamado Sindic de greuges, sobre el alto cargo nombrado por el Ejecutivo autonómico para reformar la Administración, Joan Turró, condenado por desviación de poder en 2008, tal y como desveló OKDIARIO. Y todo ello, a pesar de que la administración pública «tiene el deber» de dar esa información, como indica el organismo de defensa de la ciudadanía.

El Ejecutivo de Illa nombró a Turró como uno de los 12 expertos de una comisión «que pilotará el plan de reforma de la Administración y la mejora de los servicios públicos».

Entre 2003 y 2006, fue secretario general del departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Entonces, tomó una decisión para trasladar a dos funcionarios que habían denunciado «órdenes abusivas, maltrato verbal, mala educación y prepotencia de la jefa del servicio». La resolución del alto cargo justificaba mover de departamento a estos trabajadores basándose en «razones o necesidades del servicio».

Los dos afectados denunciaron sus traslados ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo y, finalmente, acabó con una condena contra la administración catalana por «desviación de poder». Uno de los afectados, Xavier Paluzié, puso esta situación en conocimiento del defensor del pueblo catalán.

Concretamente, el afectado instaba al conseller de Presidencia a «revisar el nombramiento» de Turró. Paluzié apelaba a la «falta de idoneidad» del alto cargo por «sus antecedentes de desviación de poder y las sentencias condenatorias».

También pedía que se tomaran las medidas adecuadas para «garantizar que los altos cargos responsables de abusos de poder rindan cuentas de sus acciones». En la misma línea, solicita que las personas que hayan propiciado  este tipo de condenas con su conducta «no sean promocionados sin haber asumido responsabilidades».

«Tiene el deber de facilitarla»

El Síndic admitió al funcionario en una primera comunicación que ya se había «dirigido a la Administración afectada». «En cuanto recibamos la respuesta y la analicemos, se lo comunicaremos», reconocía el Síndic de greuges el pasado 24 de febrero de 2025.

Este lunes, el defensor del pueblo catalán ha vuelto a contestar al Paluzié: «No hemos recibido respuesta». El organismo admite que «se ha superado el plazo de tiempo legal para responder».

«Hemos reiterado a la Administración esta solicitud y el envío de la información», asegura este escrito. Además, resalta que la administración tiene el «deber de facilitarla».

«Tan pronto como recibamos y estudiemos esta información, le comunicaremos el resultado de nuestras gestiones y la resolución que adopte la institución», aclara el Síndic de greuges en la nota que ha facilitado a Paluzié.

Varapalo del juez a la administración

Joan Turró es ahora miembro de la comisión para regenerar la administración, como uno de los 12 expertos que asumirán «los 12 grupos de trabajo» encargados de transformar el sector público catalán. Concretamente, se le elige como «coordinador del grupo de trabajo» relativo a «la definición de un nuevo modelo de la dirección pública profesional».

El alto cargo fue la persona que firmó la resolución en la que se produjo la «desviación de poder». Es decir, que el entonces secretario general de Justicia fue el que cometió esta infracción administrativa al no motivar correctamente el traslado de los funcionarios.

El juez destacó «la coincidencia» en el tiempo «del traslado de los funcionarios autores», cuya decisión tomó Turrró, con «la denuncia contra la directora de servicio».

«Ya sería casualidad que las funciones del recurrente dejaran de ser necesarias en ese preciso momento, después de seis años de ser imprescindibles», aseguraba el magistrado en su escrito.

«Situación de por sí perversa»

A ojos del juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, esa infracción «incide en una situación de por sí perversa» que vivían los funcionarios al estar en una posición de «precariedad generalizada» por «la falta de estabilidad» del servicio y «la correlativa posición de dominio anormal de la Administración».

Los tribunales dieron la razón a los trabajadores y anularon sus ceses en 2008. La sentencia es firme porque no se planteó recurso. Sin embargo, los trabajadores no pudieron recuperar sus puestos porque la Generalitat eliminó sus cargos y, por tanto, la sentencia se consideró «ejecutada».

Paluzié lamentaba que ahora «las personas responsables son ascendidas» mientras que ellos no son resarcidos: «No nos restituyen nuestro honor». Además, aseguraba haber tratado de buscar el respaldo de las instituciones, pero no lo ha conseguido. Hace unas semanas, quejaba de que la Oficina Antifraude de Cataluña y el Síndic de greuges, el defensor del pueblo catalán, no atendían sus reclamaciones. Sin embargo, éste último organismo ya ha tomado acciones ante esta situación.