Illa ordenó destruir 3,2 millones de euros en mascarillas ‘fake’ sin exigir el reembolso a su proveedor

El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa procedió a destruir un total de 7,5 millones de mascarillas, valoradas en más de tres millones de euros, entregadas en 2020 por el proveedor FCS Select Products. Es el proveedor señalado por el Gobierno por sus contratos privados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una firma que, sin embargo, obtuvo su gran pelotazo de Sanidad con cuatro contratos por 217 millones de euros pagados por adelantado. Todo a pesar de que no se comprobó su solvencia y la empresa acabó entregando 50 millones de mascarillas inservibles, de las que sólo fueron repuestas la mitad.

«Tras los controles y ensayos efectuados, un total de 7,5 millones de mascarillas suministradas por este adjudicatario, valoradas en 3.187.500 euros, constan con la indicación destrucción al no poderse garantizar que el producto fuese lo suficientemente seguro para la salud pública por imposibilidad de identificación, al desconocerse si pertenecían o no a un lote defectuoso y, por tanto, si cabía o no la reposición», señala el Tribunal de Cuentas en un duro informe sobre las compras del Ministerio de Sanidad.

En las alegaciones presentadas por Sanidad, en tiempos ya de Carolina Darias, se afirma que existió un problema puntual de logística, en el embarque en origen y posterior almacenamiento, «no atribuible al Ministerio». En ese escrito del ministerio de Illa se afirma que se tomó la decisión de marcar las mascarillas para ser destruidas por «razones de seguridad».

«La decisión de calificar como de identificación imposible, a granel estas mascarillas y proceder la destrucción  del material así calificado se adoptó siguiendo un criterio de prudencia y por estrictas razones de seguridad», alega Sanidad en su escrito.

Además, el ministerio minimiza el problema con un argumento cuanto menos sorprendente: esos 7,5 no representaron «ni un 1%» de todas las mascarillas compradas por el Gobierno durante la pandemia.

Un ‘pelotazo’ bajo sospecha

Durante la crisis sanitaria del año 2020, las administraciones públicas tramitaron por vía de emergencia un total de 16.589 contratos. Un total de 6.445 millones de euros, gran parte de ellos destinados a material sanitario. De los cientos de empresas que se llevaron esas adjudicaciones, hay una que sobresale del resto: FCS Select. El proveedor improvisado de mascarillas que el ministerio de Sanidad de Illa escogió a dedo el 23 de marzo de 2020 para darle el mayor contrato de toda la pandemia.

Nada se sabe de cómo llegó su oferta al ministerio o si alguien recomendó a esta empresa con sede en Barcelona. Ni tampoco por qué una empresa «sin vinculación con el ramo sanitario», como destaca el Tribunal de Cuentas en un duro informe del pasado mes de diciembre, pudo acceder a cuatro contratos troceados por valor de 217 millones de euros. Incógnitas sobre un expediente que sigue bajo llave en Sanidad y que el PP ya le ha exigido a la ministra Mónica García.

Un 10% inservibles

El gran pelotazo de FCS Select, la empresa para la que la pareja de Ayuso realizó una intermediación en 2020 en un contrato con otra empresa privada del campo de la seguridad laboral, vino de lo público. Fueron cuatro contratos cuyo cumplimiento resultó «bastante irregular», según detalla el Tribunal de Cuentas en varios aspectos, pero especialmente en la calidad de las mascarillas quirúrgicas que finalmente gestionó la empresa. De los 508 millones de unidades compradas, unos 50 millones no cumplían los estándares de calidad ni protegían la salud. Eran literalmente inservibles.

«Como consecuencia de los controles y ensayos, en diferentes momentos, el Ministerio advirtió que parte del material suministrado (en las primeras partidas llegadas a España a finales de marzo y principios de abril), no alcanzaba el nivel exigible de eficacia de filtración bacteriana (EFB>99 %), el índice de respirabilidad (<40 o <60, según sea tipo II o IIR) u otras prescripciones técnicas», señala el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador asegura que hay un total de 25 millones de mascarillas que no cumplían con los criterios exigidos en su compra, y que fueron repuestas por el adjudicatario en fechas posteriores. En algunos casos, tras esperas de varios meses: un pedido de 1,75 millones de mascarillas fake de FCS Select fue devuelto en junio, cuando el Gobierno comenzó con la llamada desescalada y obligaba al uso de los cubrebocas, y no fue repuesto hasta finales septiembre.

Sin reembolsos

Pero el Tribunal de Cuentas destaca una situación más alarmante respecto a esta empresa escogida por Sanidad al hablar de los otros cerca de 25 millones de mascarillas quirúrgicas que resultaron ser un fraude… y por los que el departamento de Illa nunca protestó. Una partida que ronda los 10 millones de euros (FCS Select las vendió a Sanidad a 0,42 euros la unidad). No se exigió ni reponerlas ni devolver el dinero.

«Los ensayos de calidad realizados determinaron el incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas de la norma EN 14683 o las mascarillas del mismo lote habían resultado defectuosas, no se requirió, al contrario que en los casos anteriores, la reposición del material o el reintegro de su importe», insiste el Tribunal de Cuentas.