Illa investigó la solvencia de su proveedora condenada por estafa después de adelantarle 217 millones

El ex ministro de Sanidad y hoy candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, no investigó la solvencia de la empresa FCS Select, la del mayor pelotazo de mascarillas de la pandemia (y que resultaron ser defectuosas), hasta después de pagarle por adelantado los 217 millones del contrato. Una singularidad que señala el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de estas adjudicaciones y cuya ejecución, dice el organismo, fue «bastante irregular». Y algo especialmente reseñable si se tiene en cuenta que la propietaria de la firma, Mayra Dagá, había sido condenada por estafa años atrás.

Una práctica habitual en cualquier operación de compraventa, por ejemplo de vehículos, es la comprobación de que todo está en orden documentalmente: el coche tiene los papeles en regla, no tiene cargas pendientes y está a nombre del propietario que actúa de vendedor. En el caso del mayor contrato público firmado en toda la pandemia, el ex ministro Illa actuó al revés: pagó el coche a tocateja y después preguntó. Así lo acreditó el Tribunal de Cuentas tras la fiscalización de estos expedientes, en base a la documentación y alegaciones presentadas por Sanidad. Illa no sale bien parado de ese análisis del mayor pelotazo de la pandemia, que trajo a España 50 millones de mascarillas inservibles.

Relata el Tribunal de Cuentas en lo referente a FCS Select, que contaba con dos empleados entonces, que «su solvencia técnica no está ni acreditada ni consta fuera comprobada, por cuanto, si bien se indica por el Ministerio que la empresa recibió valoración positiva tras la realización de diversas consultas, entre ellas un importante grupo empresarial español, no se ha remitido documentación de dichas consultas».

Añade, además, que las comprobaciones sobre la solvencia económica de una empresa que iba a recibir un contrato por 217 millones por adelantado, 84.000 veces su capital social, no se produjeron hasta después del pago. Sanidad alegó ante el Tribunal de Cuentas que «se recabó un informe de situación financiera y otro tipo de información a los ministerios que colaboraron con el Ministerio de Sanidad», pero el órgano fiscalizador, en su informe, desbarata la respuesta de Sanidad: esas peticiones «son de fecha posterior a la firma de los contratos con dicha empresa adjudicataria».

Además, advierte el Tribunal de Cuentas, «en relación con este aspecto, resulta especialmente reseñable por su importancia económica, que en los contratos de adquisición de 508 millones de mascarillas quirúrgicas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas protectoras, adjudicados todos ellos a la misma empresa española, se observa que el objeto social de la misma es el de «importación, exportación y distribución de toda clase de productos del ramo de la alimentación, aspecto ajeno a la necesidad que motiva la contratación y a la naturaleza del suministro que se pretende».

Pelotazo a una estafadora

Esas circunstancias, que Sanidad achaca a la urgencia con la que tuvo que tramitar las primeras compras de material sanitario, ya son significativos de por sí. Pero cobran mayor peso si se tiene en cuenta un detalle: la copropietaria de FCS Select, Mayra Dagá, había sido condenada en 2015 por un delito de «estafa agravada». Algo que podría haberse detectado en una simple búsqueda en internet.

Fue la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona la que le impuso una pena de 10 meses de prisión y una multa de 66.980 euros, después de que Dagá admitiese los hechos y pactase con la Fiscalía, que solicitaba cuatro años de cárcel. Su actividad delincuencial se canalizó a través de la inmobiliaria Fincas Corral, una red que estafaba a propietarios de empresas en ruina. La investigación de los Mossos elevó a 25 millones de euros el total estafado por la trama, en la que Dagá jugó un papel significativo.

Llamada Sánchez-Xi

Ese contrato con FCS Select se produjo tras gestiones de alto nivel, como la que desvela OKDIARIO este viernes. El 17 de marzo de 2020, sólo tres días después de que el Gobierno decretase el estado de alarma y el confinamiento forzoso de toda España por la pandemia del Covid, Pedro Sánchez telefoneó a Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Sobre la mesa, el desbloqueo de las compras masivas de material que estaba preparando España a través de diversos proveedores, y que China se mostraba reacia a aceptar.

Las gestiones de Sánchez, relata el ex ministro Salvador Illa en sus memorias, supusieron «el cierre de un pedido de material sanitario» en el que se incluían «500 millones de mascarillas». Exactamente la cantidad que, unos días más tarde, sería oficialmente adjudicada por 217 millones de euros a la firma FCS Select, el proveedor de Sanidad que le coló 50 millones de mascarillas defectuosas. Illa nunca pidió la devolución de su importe al contratista, tal y como señala el Tribunal de Cuentas.

Esa llamada desde Moncloa a Zhongnanhai, el Palacio Nacional de Pekín desde el que gobierna Xi Jinping, «ayudó», según Illa, «a agilizar todo el proceso de compras y supuso el cierre de un pedido de material sanitario» de enorme importe. Entre lo pactado por Sánchez y el presidente chino, enumera el hoy candidato del PSC a las elecciones catalanas, había 950 respiradores, 5,5 millones de test rápidos, once millones de guantes «y quinientos millones de mascarillas». Los 508 millones, concretamente, que Illa le adjudicaría sólo unos días más tarde a la empresa FCS Select.

Mascarillas ‘fake’

El contrato del pelotazo de 217 millones (263 si se suma el IVA), fue «bastante irregular», según un informe del Tribunal de Compras que analizó la preparación, adjudicación y ejecución de ese macrocontrato de mascarillas de Illa. El primero y de mayor cuantía firmado por Sanidad en toda la pandemia.

Entre esas irregularidades señaladas por el organismo de fiscalización de las cuentas públicas destaca la desvelada este jueves por OKDIARIO: al menos un 10% de las mascarillas, unos 50 millones de unidades, eran defectuosas. No cumplían con los criterios técnicos ni tenían la filtración bacteriana ni la respirabilidad suficiente, siendo incluso peligrosas para los sanitarios. 

«Como consecuencia de los controles y ensayos, en diferentes momentos, el Ministerio advirtió que parte del material suministrado (en las primeras partidas llegadas a España a finales de marzo y principios de abril), no alcanzaba el nivel exigible de eficacia de filtración bacteriana (EFB>99%), el índice de respirabilidad (<40 o <60, según sea tipo II o IIR) u otras prescripciones técnicas», señala el Tribunal de Cuentas.

De aquellos 50 millones de mascarillas defectuosas, FCS Select repuso 25 millones. Pero el Tribunal de Cuentas destaca una situación más alarmante respecto a esta empresa escogida por Sanidad e Illa al hablar de los otros cerca de 25 millones de mascarillas quirúrgicas que resultaron ser un fraude… y por los que el departamento de Illa nunca protestó. Una partida que ronda los 10 millones de euros (FCS Select las vendió a Sanidad a 0,42 euros la unidad). No se exigió ni reponerlas ni devolver el dinero.