Illa da 5 años a los trabajadores de Servicios Sociales para aprender catalán y usarlo de cara al público
La imposición viene mientras venden la "desburocratización" de los Servicios Sociales
También crearán otra organización pública que costará más de 130 millones a los catalanes
La Generalitat del socialista Salvador Illa da cinco años a «las entidades proveedoras del Sistema Público de Servicios Sociales» para que logren «capacitar lingüísticamente al personal para prestar los servicios sociales en catalán o en aranés». Así lo ha expresado el Ejecutivo autonómico en una nota en la que ha dado a conocer este martes los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno.
El Govern ha presentado una «nueva regulación» para la provisión del sistema de servicios sociales catalán. La intención es «fortalecer y modernizar» esta prestación, abordando «las demandas de la ciudadanía y de los profesionales», según se señala en el texto que sale del Consejo de Gobierno.
Además, aseguran que «se pone el foco en la desburocratización», pero creará nuevas instituciones, como la Agencia Pública de Servicios Sociales de Cataluña, otro organismo más para la tramitación de estas necesidades. La creación de esta nueva entidad requerirá de más de 131 millones de euros de las arcas públicas.
Otra medida que provocará aún más gasto en las instituciones catalanas será la «evolución de los salarios del sector público» para conseguir una «equiparación de su personal que presta servicios en las entidades proveedoras». «Deben repercutir de su personal los incrementos retributivos que se hayan incluido a tal fin en el coste de referencia», detalla el acuerdo de Gobierno catalán.
La iniciativa del Ejecutivo autonómico también alude a los «derechos lingüísticos». En ese apartado, pone en valor la importancia de garantizar «los derechos lingüísticos de los usuarios de servicios sociales». La normativa del Govern impulsa la «capacitación lingüística» mediante «una disposición transitoria» que obligará a las «entidades proveedoras del Sistema Público de Servicios Sociales», en «un plazo de cinco años», a que «capaciten lingüísticamente» a su personal «para prestar los servicios sociales en catalán o en aranés a las personas que son usuarias». Es decir, que forzará a esos trabajadores a aprender el idioma para poder prestar el servicio en la lengua cooficial.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Generalitat de Cataluña, actualmente hay 4.484 personas trabajando como personal de Derechos Sociales en el último ejercicio del que hay datos, 2023. Esta medida, sin embargo, va más allá y se refiere a todos los contratos externalizados que la Generalitat tiene con empresas privadas para ofrecer servicios a los que no puede llegar la administración pública.
Más subvenciones a libros en catalán
Otra de las medidas que realiza la Generalitat de Illa para contentar a sus socios separatistas es apoyar el incremento de ayudas a la edición de libros en catalán. El Govern de coalición entre PSC y ERC ha aumentado un 25% el gasto en todas las subvenciones, tanto las directas como las de concurrencia competitiva, para la edición de libros «de interés cultural» en catalán y en occitano. La cifra para este año 2025 se eleva desde 1.933.000 euros hasta los 2.400.000 euros.
El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó este lunes la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros de interés cultural especial o de temáticas y géneros poco difundidos en catalán u occitano. Esas subvenciones las entrega el Instituto Catalán de las Empresas Culturales desde 2021. La dotación máxima que prevé emplear este año es de 800.000 euros, mientras que, en 2024, esta cuantía se elevaba, como máximo, hasta los 533.000 euros. Es decir, un aumento del 50%.
Las cuantías dedicadas a subvenciones de la misma materia, pero entregadas de forma no competitiva, es decir, las ayudas que se dan a dedo para editar libros en catalán, son aún mayores. El Gobierno de Illa entregará más de un millón y medio de euros para ello, pero sin realizar el proceso de evaluación y sin discernir entre los distintos solicitantes de la ayuda basándose en criterios objetivos.
Ese tipo de subvenciones también se incrementaron en noviembre de 2024, ya con Salvador Illa en el Gobierno de Cataluña. Una resolución publicada el 4 de diciembre del pasado año en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, recogía que, en un principio, la dotación máxima era de 1.400.000 euros para estas ayudas directas. Estas ayudas se extraían de los presupuestos de la autonomía de 2023, prorrogados para 2024, y también para 2025.