Los guardias civiles culpan de la muerte de inmigrantes en Melilla al efecto llamada del Gobierno

Los guardias civiles, a través de la asociación APROG, culpan de la muerte de inmigrantes en Melilla al efecto llamada del Gobierno. Hoy, que una delegación de la Comisión de Interior en el Congreso visita la ciudad autónoma, los guardias responsabilizan «a la clase política en general de usarlos como arma arrojadiza, incapaces de aplicar con Marruecos el Acuerdo de Readmisión vigente que es respetuoso con los Derechos Humanos». Los guardias culpan al Gobierno de no aplicar la Ley, y sostienen que si se aplicara se podrían evitar los violentos enfrentamientos en la valla de Melilla, como el del 24 de junio que acabó en masacre.

Los guardias recuerdan que hay tres herramientas para luchar contra la inmigración ilegal, el Rechazo en Frontera, la Ley de Extranjería y el Acuerdo de Readmisión, las tres en vigor y en aplicación pero España solo está aplicando el rechazo en frontera, y eso transmite a los inmigrantes que  todos aquellos que sean capaces de superar los elementos de contención, es decir la valla y los guardias civiles, podrán llegar a España y Europa.

El rechazo en Frontera permite reintegrar a los inmigrantes a Marruecos si son interceptados en el momento del salto, pero una vez superada la valla podría aplicarse la Ley de Extranjería, en las modalidades de devolución y expulsión en 72 horas. Para que esto ocurra, se tendría que dar la orden a los guardias de que, cuando los inmigrantes superen la valla de Melilla y ya no sea posible aplicar el Rechazo en Frontera, se les siga, detenga y entregue al Cuerpo Nacional de Policía para su devolución. El Delegado del Gobierno tiene un plazo de 72 horas para devolver a los inmigrantes y si Marruecos quisiera puede aceptarlos, aunque no está obligado a cumplir una Ley española. En caso de negarse Marruecos, se podría abrir un expediente de expulsión que se prolonga durante años, con lo que cuando se resuelva para ejecutarlo el inmigrante ya no está ni en España.

Para evitar ese problema, en el año 1992 se pactó con Marruecos el Acuerdo de Readmisión, que además tiene el respaldo del Consejo de Europa. Establece un plazo de más de una semana para devolver los inmigrantes que consigan saltar la valla. Estas personas, entran al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde se les presta asistencia médica y legal, garantizando todos sus derechos y confirmando o no las peticiones de asilo. El acuerdo dice que aquellos que no cumplan las condiciones pueden ser devueltos a Marruecos que está obligado a colaborar.  El Consejo de Europa ya se ha pronunciado al respecto, incidiendo en que aquellos países que no cumplen los acuerdos firmados deben sufrir presiones por parte de la Unión Europea para ejecutarlos.

El problema que denuncian los guardias es que Grande-Marlaska sólo ha aplicado el Acuerdo de Readmisión en un par de ocasiones, la última en 2018. Entre tanto, culpan al Gobierno de solo aplicar el Rechazo en Frontera y de esta forma los inmigrantes creen que si consiguen superar la valla ya nadie les podrá expulsar de España y por tanto de Europa. APROG, advierte que el Gobierno, al no aplicar el resto de herramientas y fiarlo todo al rechazo en la valla, está fomentando un efecto llamada brutal que atrae hasta la valla a decenas de miles de inmigrantes que cada vez se comportarán de forma más violenta porque creen que sólo la valla se interpone entre ellos y Europa. «El Gobierno nos manda a combatir cuerpo a cuerpo con los inmigrantes en la valla, cuando bastaría con aplicar el Acuerdo de Readmisión unos días después».

Hacen falta más guardias en la frontera, insisten, pero la solución pasa por aplicar la Ley .