Reforma del Código Penal

El Gobierno revisará el «alzamiento» que exige la sedición para encajar el 1-O como protesta «democrática»

ERC
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras

La reforma del Código Penal que plantea el Gobierno para favorecer la salida de prisión de los condenados del ‘procés’ tiene dos factores clave: la definición y grado del uso de la ‘violencia’, el criterio más discutido durante las deliberaciones en el Tribunal Supremo que alumbraron la sentencia definitiva, y el concepto del «alzamiento», que define tanto la rebelión como la sedición. La intención del Ejecutivo es descafeinar los hechos del ‘procés’ -por los que Oriol Junqueras fue condenado, por ejemplo, a 13 años de prisión e inhabilitación- como comportamientos «democráticos», rebajando así el alcance de las penas. En este escenario, desde Podemos, socios del Gobierno socialcomunista, se considera que los hechos por los que los líderes independentistas fueron condenados no encajarían en el «alzamiento», el requisito que exige el actual redactado del Código Penal para hablar de sedición.

Uso evidente de la fuerza

Ajustar la definición de ‘violencia’ permitiría endurecer el delito de rebelión y, al mismo tiempo, aliviar las penas por sedición, beneficiando así a los dirigentes separatistas.

Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias coinciden, por ejemplo, en que la rebelión debería implicar el uso claro y evidente de la fuerza, y cabe recordar que desde Podemos incluso se planteó una reformulación en la que se exigiría el uso de las armas. 

En octubre de 2018, en el Congreso, Sánchez se refirió a unas declaraciones del ex ministro del PP Federico Trillo en 1994, según las cuales -dijo el socialista- «el delito de rebelión que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares y/o por civiles armados a la orden de militares».

La reflexión de Sánchez fue apuntalada después por la vicepresidenta Carmen Calvo, en el sentido de considerar que el delito de rebelión tiene el mismo «formato» que el de un golpe de Estado, que «requiere unos instrumentos de fuerza coercitivos importantes» ligados con las «armas». Algo que, añadió Calvo, se contempla «en cualquier legislación».

Precisamente, ‘armonizar’ el Código Penal español a la legislación de otros países europeos -muy diversa- es uno de los argumentos que esgrime ahora el Gobierno para sostener la reforma. El Ejecutivo busca una definición más actual, en la que el delito de rebelión no se asimilaría únicamente a golpes militares. 

Las armas en la rebelión

Desde Podemos coinciden con el planteamiento. La idea de que la rebelión implique, en concreto, el uso directo de las armas circula desde hace tiempo en la formación de Pablo Iglesias. La encabeza Jaume Asens, dirigente estrechamente conectado con las tesis de los separatistas y con gran influencia. Asens ya planteó hace meses una reforma del Código Penal como vía para favorecer a los presos separatistas y, en concreto, una nueva redacción de la rebelión que exigiese el uso de las armas. La reforma, para este dirigente podemita, sería una de las medidas «estrella» en caso de llegar al Gobierno. La otra sería el «reconocimiento de Cataluña como nación»- algo que ya contempla directamente el PSC- y del ‘derecho a decidir’.

Desde Podemos se insiste también en la necesidad de reformular la sedición, hasta el punto de su derogación. Sostienen en la formación de Pablo Iglesias que el redactado actual -«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales»- es demasiado vago y penaliza la protesta social. 

La clave del «alzamiento»

Y ahí entra el factor del «alzamiento», clave para definir la gravedad de los hechos y para ajustar la línea de la protesta democrática.

En una entrevista en el diario ‘Público’, en octubre, Asens sostenía que la sentencia a los líderes separatistas suponía una «bomba de relojería» que «afecta al derecho de protesta».

«Creemos que tiene que plantearse este debate para derogar el delito de sedición o para interpretarlo en clave constitucional y garantista, no en la clave regresiva del Supremo», opinaba el dirigente catalán.

Podemos cree que la interpretación de la sedición que el Supremo hizo en la sentencia supone un precedente «muy peligroso»: «Por la definición que hace también serían sedición todos los desahucios que impide la PAH o las protestas de los activistas ecologistas, animalistas, feministas… «, explicaba Asens en la misma entrevista. Y añadía: «A gente que está sentada se le acusa de hacer una alzamiento tumultuario y esto es una contradicción».

«Comportamientos democráticos»

La polémica abierta por el plan del Ejecutivo fue apuntalada este miércoles por Carmen Calvo, quien avaló una revisión a la baja de las penas por sedición, en el contexto de otras legislaciones y los reveses sufridos por la Justicia española por parte de los tribunales europeos.

«Hemos visto una situación en Europa que nos ha mandado un mensaje. Y la sentencia del 14 de octubre del Tribunal Supremo también nos manda un mensaje de que hay que hacer algo. Actualizar. Y lo asumimos», sostuvo Calvo en una entrevista, en la Cadena SER.

El Gobierno se fija, por ejemplo, en la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Hostein, que frenó la extradición de Carles Puigdemont por delito de rebelión al considerar que no encajaba en el Código Penal alemán porque «se basa en un nivel de violencia» que no ocurrió en Cataluña.

Calvo defendió que «hay que acompasar comportamientos democráticos a tipos penales» que «ya en algunas sentencias europeas nos han advertido de que sonaban extraños en Europa».

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