El Gobierno quiere multar como infracción «muy grave» a quien avise de los controles de Tráfico

El Gobierno quiere empezar a imponer multas -como infracción «muy grave»- a quien dé aviso de los controles de Tráfico. La iniciativa ya tiene la forma de una proposición no de ley que ha sido registrada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. En el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el partido mayoritario del Ejecutivo propone reformar la Ley de Tráfico «a fin de sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida el control de los incumplimientos de las normas de circulación, poniendo con ello en peligro a otros usuarios de las vías».

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya había advertido de las dificultades para acabar con esta práctica, cada vez más generalizada debido al uso común de dispositivos y aplicaciones para avisar de los controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta ahora, las únicas y escasas sanciones venían por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Las sanciones por infracciones muy graves, según la Ley de Tráfico, están castigadas con hasta 20.000 euros.

Por ello, el PSOE se propone ahora poner coto a estos sistemas, que avisan de incidencias en carretera, radares o controles de Tráfico, mediante un cambio específico de la ley.

Vacío legal

En su iniciativa, consultada por este periódico, se destaca que «desde hace algunos años, distintas aplicaciones móviles proporcionan información
sobre radares de velocidad y, lo que es más preocupante, la presencia en carretera de controles de cualquier tipo (velocidad, alcoholemia), incluidos otros controles policiales como los relacionados con el terrorismo y otros delitos».

«A este tipo de apps, con herramientas como Waze, Social Drive, Camsam, Radardroid, Coyote o, incluso, Google Maps, hay que añadir los grupos de WhatsApp y Telegram en los que los conductores proporcionan información que dificulta la labor del control de los incumplimientos de las normas de circulación, especialmente a los agentes de tráfico» y ello, considera el Partido Socialista, «sin ser conscientes de los peligros que esto conlleva, ya que el aviso hace que pierdan su eficacia al permitir alterar la ruta para evitarlos».

Critican, igualmente, que los agentes de Tráfico «se ven obligados a levantar o mover, cada vez de forma más habitual, los controles de alcohol y drogas por la falta de eficacia por publicitación de estos».

Así, consideran «conveniente» modificar la Ley de Tráfico y, en concreto, añadir en el artículo 77 -sobre infracciones «muy graves»- una nueva infracción consistente en «tipificar el uso de esos dispositivos para advertir de la existencia de vigilancias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destinados a vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley a los usuarios de las vías».

«Dicha conducta deberá ser sancionada de manera especialmente severa a aquellos usuarios que emiten el aviso», señala el PSOE, alegando que esa circunstancia «posibilita que personas que sobrepasen el nivel de alcoholemia permitido conduzcan bajo efectos de drogas, sin permiso, sin seguro o incumpliendo otras normas que pueden poner en grave peligro la
seguridad de otros usuarios.de la vía, evadan dicho control y sigan perpetrando esas peligrosas prácticas».

El director de la DGT, Pere Navarro, en declaraciones a Faro de Vigo, admitió recientemente la preocupación del departamento por el uso de estas aplicaciones y su intención de empezar a imponer multas, señalando que «el aviso por redes de los controles policiales socava gravemente la seguridad vial, ya que permite a los infractores evadir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías. Es un acto insolidario que va contra la línea de flotación de la seguridad vial».

Navarro afirmó entonces, sin concretar, que su departamento estudiaba fórmulas jurídicas para hacer frente a la situación. Las primeras multas, conocidas en Galicia, por el aviso de controles en carretera se basan en el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que considera infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.