El Gobierno pierde el control de la inmigración ilegal en Canarias pese a gastarse 158 millones

Sólo 24 horas después de la última inyección económica que los ministerios de Interior y Migraciones han comprometido con la grave ola de inmigración ilegal que sufre Canarias, uno de los campamentos beneficiarios de esas ayudas registra una pelea multitudinaria que acabó con inmigrantes y vigilantes heridos y con varios detenidos. La llegada de embarcaciones ilegales con personas que llegan a las Islas no se ralentiza y en lo que va de año ya son casi 4.000 los inmigrantes que han arribado a tierras canarias.

15.840.000 euros, uno encima del otro, es la suma de actuaciones que este pasado martes el Consejo de Ministros aprobó a cargo de las cuentas de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Interior. Ambas partidas se engloban, según el texto difundido por Moncloa, en “la declaración de emergencia” adoptada en las Islas Canarias con motivo del enorme incremento del flujo migratorio ilegal que vienen sufriendo las islas desde el inicio de la Pandemia y el cierre de fronteras terrestres que han provocado un tráfico desconocido hasta el momento de embarcaciones ilegales llegando día sí y día también hasta las costas canarias.

Por lo que respecta al ministerio de José Luis Escrivá, la última inyección económica asciende hasta los 11.880.000 euros, casi 12 millones que serán empleados “para la contratación de diversos servicios y suministros para la cobertura de las necesidades de acogida humanitaria ante la llegada masiva de migrantes irregulares a las costas de las Islas Canarias en varias instalaciones cedidas”. El de Migraciones es el ministerio que tiene que lidiar con la manutención de los inmigrantes ilegales que están en lugares como los campamentos instalados en terrenos militares, como es el de Barranco Seco, o aquellos que pasan los días y las noches en complejos hoteleros de las Islas. La otra parte del dinero comprometido la respalda el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha comprometido 3.960.000 euros a un epígrafe muy llamativo teniendo en cuenta que lo hace cuando se estima que a las Islas Canarias desde marzo de 2020 hasta hoy han llegado unos 30.000 inmigrantes ilegales. Ahora es cuando Interior dedica casi 4 millones de euros a la identificación de estos inmigrantes, vamos, de los que quedan y de los que van a llegar. Valiéndose de la misma “declaración de emergencia” anuncia el departamento de Marlaska “la contratación de la ejecución de las obras, y la adquisición de estructuras modulares y del equipamiento necesario para atender las necesidades de identificación personal y asistenciales en el Centro de Atención Temporal de Emigrantes situado en Barranco Seco”.

40 millones en diciembre

Dedicar casi 16 millones de euros a la situación de Canarias, siendo justos se dedican exclusivamente a los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias, no parece descabellado si atendemos al desmesurado tamaño de esta crisis migratoria. Lo que llama la atención es que ese dinero se consigne apenas dos meses después de que se comprometieran otros 12 millones de euros a cargo de las dos mismas administraciones, Migraciones e Interior. 12,4 millones, para ser exactos, que se destinaron a varios destinos entre noviembre y diciembre de 2020. 9,5 millones fueron directamente empleados en la construcción o adaptación de los campamentos o lugares de acogida para los inmigrantes. Esos los asumió la cartera de Escrivá. Marlaska por su parte dio luz verde a órdenes por valor de 2,9 millones para precisamente dotar de suministros esos mismos campamentos. En esas mismas fechas Interior aprobó, entre otras cosas, partidas más pequeñas como una de 200.000 euros para fletar ferrys que trasladaran a las personas que llegaban a través de la inmigración ilegal a otras islas.

Si sumamos esas cantidades a los aproximadamente 10 millones de euros que la Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales destinó a finales de año para la atención a los menores no acompañados, los ‘menas’, añadimos una subvención extraordinaria de más de 80 millones de euros a las entidades “que gestionan el sistema de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional para cubrir las necesidades del sistema”, y recordamos la consignación inicial de 40 millones que el 1 de diciembre del año pasado se aprobó en Consejo de Ministros “para atender el repunte en la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias”, la cantidad que el Gobierno de España ha destinado a la inmigración ilegal en Canarias en el último trimestre alcanza los 158 millones. Y esos son sólo las inversiones cuantificables que no incluyen el evidente aumento de recursos de rescate, policiales y de administraciones locales en materias de atención, seguridad o limpieza.

La cantidad empleada haría pensar que la situación en Canarias ha mejorado porque con ese colchón económico se ha compensado el desequilibrio social y económico que supone absorber tal cantidad de inmigración ilegal. Pues lamentablemente no y dos ejemplos nos llegan en las últimas horas en forma de duras imágenes. Una de ellas más casual si se quiere definir así, una de tantas secuencias que los vecinos de Canarias graban para mostrar escenas que empiezan a ser cotidianas en sus calles, una violenta bronca entre tres inmigrantes ilegales.

La otra imagen es menos coyuntural, porque se graba en uno de esos campamentos a los que se han destinado decenas de millones de euros. Este en concreto es el de Las Raíces, en Tenerife. Allí 50 personas protagonizaron una violenta reyerta que requirió de la intervención policial que acabó con varios usuarios del campamento detenidos y dos vigilantes de seguridad heridos. Lamentablemente la sensación de inseguridad y violencia en Canarias está siendo inversamente proporcional a las inversiones económicas del Gobierno que deberían conseguir justo lo contrario.