El Gobierno obliga a miles de funcionarios a pagar de su bolsillo los PCR

El enfado de los funcionarios con el Gobierno socialcomunista va en aumento. El nuevo capítulo de este choque por fases afecta a las pruebas PCR que se tienen que realizar miles de funcionarios tras detectarse brotes de contagio. Policías, profesores, guardias civiles, etc. se ven afectados por este problema a diario. Y es que, como ha denunciado el sindicato CSIF en una queja remitida al presidente del Gobierno y a los ministerios implicados, «miles de funcionarios, policías, docentes, se ven obligados a costear el PCR de su bolsillo: los centros de salud no les atienden y las compañías concertadas sólo hacen la prueba cuando hay síntomas graves”.

Los colectivos sanitarios, por su especial ubicación, sí están teniendo en este punto un trato más lógico. Pero no así el resto de empleados públicos.
CSIF quiere llegar hasta el final de este asunto y estudia acciones jurídicas por la ineficacia del protocolo.

Desde el sindicato señalan que “miles de funcionarios, especialmente policías y docentes, se están enfrentando al hecho de tener que pagar personalmente y de su bolsillo las pruebas PCR”. La explicación radica en una doble negativa a costear esas pruebas con fondos públicos: los centros de salud directamente no les atienden, y las compañías concertadas para los servicios médicos de los funcionarios sólo hacen la prueba cuando hay síntomas graves.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha elevado ya una queja al Consejo General de Muface ante las incidencias detectadas en la aplicación de la prueba PCR por parte del colectivo de funcionarios del Estado acogidos a la cobertura sanitaria concertada.

Al igual que en el caso de Muface, CSIF ha recopilado numerosas incidencias en Mugeju -la mutua de los funcionarios del área de Justicia-, en las que los mutualistas están denunciando “las trabas que tienen que afrontar para lograr que les hagan las pruebas PCR sin tener que pagarlas personalmente”.

La raíz del problema se centra en el protocolo de Muface. Y es que las compañías sólo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, quedándose fuera los casos leves, a las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo Covid y a quienes tienen que someterse a una operación quirúrgica.

En «tierra de nadie»

Los mutualistas se quedan, de ese modo, “en tierra de nadie”, ya que las comunidades autónomas les deniegan las pruebas por tener la sanidad concertada, mientras que las compañías concertadas argumentan que no están autorizadas para indicar el PCR por los protocolos y se limitan a aquellos casos con síntomas de especial gravedad.

De esta manera, en la mayoría de los casos se deniega directamente la prueba, se les remite al sistema público (donde se les deniega la atención), o bien se les invita a llamar al teléfono Covid para resolver sus dudas. Por este motivo, miles de funcionarios del Estado y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de Muface –en la actualidad hay 1.486.596 entre funcionarios y beneficiarios, de los cuales alrededor del 77% están acogidos a la sanidad con compañías concertadas— prefieren pagar la prueba de su bolsillo a tener que arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del Covid-19 a tiempo.

Además, cuando los mutualistas consiguen que les acepten la realización del PCR por tener síntomas graves, la prueba se demora hasta una semana desde que se asiste a consulta, con el consiguiente riesgo de contagios intrafamiliares.

El sindicato CSIF también ha confirmado que Muface no pone en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Seguridad Social cuando se comunica un positivo.

Desde CSIF solicitan “que se revisen estos protocolos de actuación y, si así fuera necesario, incrementar la financiación para poder solventar las dificultades que surgen en el día a día”. CSIF reclama igualmente que se “dé la difusión necesaria en todas las comunidades autónomas para garantizar la equidad en la asistencia y evitar que se produzcan este tipo de incidencias por desconocimiento o falta de transparencia”.

Se trata del último enfrentamiento entre los funcionarios y el Gobierno. Y es que el PP, por ejemplo, ha tomado ya cartas en el primero de los recortes de pensiones programado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: el que afecta a más de 2.000 funcionarios, principalmente del Ministerio de Justicia, al que la Seguridad Social no quiere reconocer años de cotización como interinos. El PP ha exigido ya explicaciones al Gobierno por medio de una petición escrita en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha decidido aplicar un recorte en las pensiones a más de 2.000 funcionarios y lo ha hecho por medio de un cambio de criterio en el reconocimiento de las cotizaciones, tal y como ha adelantado OKDIARIO. Este periódico, además, ha accedido a los correos de algunos de los afectados en el área de Justicia que han solicitado la confirmación de la rebaja a la Seguridad Social. Y este organismo, efectivamente, ha remitido la simulación del recorte a los funcionarios perjudicados: una rebaja de más de 200 euros al mes en pensiones bajas. La cuantía, evidentemente, crece en pensiones superiores y puede llegar al 20% de la prestación.