Ley de protección de los menores en el ámbito digital

El Gobierno moviliza a ocho ministerios para vigilar la «alfabetización mediática» de los niños

La ministra Sira Rego avanza en este plan, que el Gobierno quiere aprobar en otoño

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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno implicará hasta a ocho ministerios para la «alfabetización mediática» de los menores a través de las distintas etapas del sistema educativo. Así lo recogerá en la futura ley orgánica «para garantizar la protección de los derechos de los menores en el ámbito digital», a cargo de la ministra Sira Rego. La norma ya ha pasado el primer filtro en el Consejo de Ministros y se ha remitido ahora a los órganos consultivos para que emitan sus preceptivos informes.

El Gobierno tiene previsto su envío a las Cortes después del verano. La ley incluye la elaboración de una Estrategia Nacional «sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital», en cuyo seguimiento se movilizará hasta a ocho ministerios, a través de una «comisión» creada a tal efecto.

Se trata de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Juventud e Infancia, Sanidad, Educación, Formación Profesional y Deportes, Transformación Digital y de la Función Pública, Interior y Ciencia, Innovación y Universidades. Dentro de esa estrategia, que será revisada cada tres años, se prestará una especial atención a la «educación en ciudadanía digital» y «alfabetización mediática». El Gobierno describe así su finalidad: «Garantizar la plena inserción de la infancia y juventud en la sociedad digital y fomentar el uso responsable de los medios digitales que favorezca el ejercicio efectivo de sus derechos en un entorno digital seguro y respetuoso».

Así, resuelven, «la formación en ciudadanía digital y alfabetización mediática se abordará desde una perspectiva formativa, preventiva y social, bajo los principios de igualdad, accesibilidad, interseccionalidad, respeto, protección y garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia».

La ley, en cambio, concreta más el alcance de la medida, pues sitúa la «desinformación, manipulación y construcción de falsas creencias» como uno de los principales «daños potenciales» para los menores. «Los contenidos falsos y sin rigor pueden confundir a los menores y son especialmente peligrosos cuando tratan temáticas relacionadas con la salud y la seguridad», señalan desde el Ejecutivo.

Así, uno de los fines concretos de la futura ley será «apoyar el desarrollo de las competencias digitales de la infancia en el entorno digital y la
capacidad de evaluar los contenidos en línea y detectar la desinformación y el material abusivo».

«Alfabetización mediática»

El Gobierno profundiza así en la «alfabetización mediática» de los menores y la detección de fake news en plena ofensiva de Pedro Sánchez contra los medios que publican informaciones críticas sobre su entorno.

El presidente socialista prepara ya un plan de «regeneración democrática», que tiene previsto presentar en julio y que incluirá medidas contra la prensa y el Poder Judicial, entre otros.

Aunque apenas se han concretado estas propuestas, Sánchez ya avanzó su intención de reformar las leyes que regulan el derecho al honor y a la rectificación para «acabar con la impunidad» de la que, considera, gozan los que califica de «pseudomedios». Es decir, aquellos que han revelado informaciones sensibles sobre él y su familia. Cabe recordar que su mujer, Begoña Gómez, está actualmente imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de recomendación que firmó para que su socio en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en sendos contratos públicos, que acabaría llevándose, de más de 10 millones de euros. La Fiscalía Europea ha asumido además parte de la investigación al estar dichos contratos sufragados con fondos comunitarios.

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