El Gobierno forzó al Tribunal de Cuentas a esconder el contrato a Barrabés en el que la UE sospecha que hay prevaricación

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez por la sospecha de un posible delito de prevaricación y contra los intereses de la Unión Europea en un contrato sufragado con fondos europeos que fue adjudicado a su socio, el empresario Juan Carlos Barrabés. Se trata de un contrato de la entidad pública Red.es que se adjudicó por 2,6 millones por el concepto de Servicios de apoyo y asesoramiento para la oficina Acelera Pyme. La Fiscalía Europea remitió un escrito a Peinado en el que se aportaba un informe de la UCO que detectaba irregularidades en este contrato. En concreto, se habría «obviado deliberadamente» la inexistencia de uno de los requisitos exigidos en los pliegos. Se da la circunstancia de que dicho contrato ya provocó el desencuentro entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas durante el proceso de fiscalización de las adjudicaciones de Red.es. Como reveló OKDIARIO, el Ejecutivo reclamó al órgano fiscalizador la exclusión de este expediente, sobre el que existía sospecha de irregularidades.

En 2024, la Fiscalía Europea asumió una investigación relativa a una serie de contratos adjudicados a Barrabés por parte de Red. es y financiados con fondos europeos. Estos nuevos hechos fueron revelados tras el análisis del contenido de correos electrónicos relativos a los procedimientos investigados.

El informe de la UCO apuntó a que la UTE en la que participaba Barrabés «no habría incluido el libro blanco» en la documentación requerida para optar a la licitación, un hecho que «habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores».

Barrabés, cabe recordar, impulsó la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense y está también imputado por los delitos de corrupción y tráfico de influencias por las cartas de recomendación que la mujer del presidente del Gobierno firmó en otras dos adjudicaciones de más de 10 millones, también de Red.es, que acabó llevándose este empresario.

Tribunal de Cuentas

En febrero de este año, el Tribunal de Cuentas publicó su informe sobre los contratos de Red. es. OKDIARIO reveló que, durante ese proceso de fiscalización, se habían detectado varias irregularidades en el contrato ahora señalado por la Fiscalía Europea.

Entre ellas, la ausencia de «ponderación de los subcriterios» para valorar las distintas ofertas lo que, advirtió, ampliaría la «discrecionalidad» del órgano de contratación, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público. Precisamente, el «libro blanco» era uno de los criterios a puntuar. También se destacó la ausencia de una mesa de expertos para valorar las propuestas y el sobrecoste de varios eventos organizados por Barrabés, que no se corresponderían con el precio estipulado por contrato. Innova Next se llevó la licitación superando en apenas cinco décimas a sus competidores. No presentó la oferta más ventajosa económicamente.

«Su inclusión es improcedente»

En las alegaciones al Tribunal de Cuentas, el Gobierno -a través de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- rechazó expresamente que se fiscalizase el contrato, esgrimiendo que no estaba financiado por el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como era el objeto de la fiscalización.

En un informe muy bronco, aseveró que resultaba «improcedente la inclusión» del expediente en la fiscalización.

Habló incluso de una selección «ad hoc, sin justificación suficiente», acusando al órgano fiscalizador de «exceder el mandato de fiscalización, introduciendo un elemento de distorsión jurídica y contable, comprometiendo la coherencia, precisión y legalidad del contenido del informe».

«Tal incorporación vulnera los principios de seguridad jurídica, objetividad y congruencia», abroncó el Gobierno, insistiendo en que el expediente, al no estar financiado por el Plan de Recuperación, no debería ser incluido: «Esto se hizo constar a los auditores de forma inequívoca, tanto verbalmente como por escrito, durante la auditoría. Cualquier mención al mismo es improcedente y debe suprimirse», aseveró. El informe final no recoge menciones a este contrato.

La Fiscalía Europea considera ahora que en la adjudicación de este contrato podrían existir delito de prevaricación y contra los intereses de la Unión. El organismo ya asumió la investigación de los dos contratos que iniciaron el caso Begoña Gómez, e intentó sumar este tercero, pero Barrabés se opuso. La Audiencia Nacional dio la razón al empresario. Ahora Peinado ha decidido abrir una pieza nueva sobre las irregularidades encontradas por la UCO en este expediente.