El Gobierno dice que su ley de desmemoria histórica «reducirá la desigualdad» entre hombres y mujeres

El Gobierno defiende que su ley de «memoria democrática», aprobada recientemente en el Consejo de Ministros y que ahora iniciará su trámite parlamentario tendrá un impacto positivo en la «igualdad de género». Un argumento con el que el Ejecutivo intenta justificar la utilidad práctica de la norma, que ha sido muy discutida.

Así, según se recoge en la memoria de análisis normativo, se analiza «el impacto de género» de la ley «en relación con la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres» y «el cumplimiento de los objetivos de políticas de igualdad». Y la conclusión es que la ley de «memoria democrática» tendrá un «impacto positivo por razón de género».

Y esto es así, argumenta el Gobierno, porque la nueva norma «menciona expresamente las luchas de las mujeres españolas y el papel singular que desempeñaron» y «se reconoce todas las humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia y castigos que sufrieron durante la Guerra y la Dictadura franquista por el mero hecho de ser mujeres o de haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados». «Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, se destaca que muchas fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal», dice el Gobierno.

«Por todo ello, el texto concluye que debe reconocerse expresamente el papel de la mujer y su contribución a la gestación de la memoria democrática», se recoge en la memoria. Asimismo, se destaca que «la composición del Consejo de la Memoria respetará una representación equilibrada de hombres y mujeres».

El Gobierno considera también que la norma no supone «discriminación» alguna puesto que «se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado: permitiendo la construcción de un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana».

La ley recoge numerosos puntos polémicos, como la resignificación del Valle de los Caídos, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o el delito de apología del franquismo.

El Gobierno prevé exhumar el cadáver del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que dejará de estar en un «lugar preponderante» de este mausoleo.

Además, se declara la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Además, el Gobierno deja en el aire la gran Cruz del Valle de los Caídos y no descarta su derribo.

«La ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión», explicó hace unos días el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Sanciones

Una de las novedades más destacadas de la ley, en relación a la aprobada en 2007, es que se incorpora un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves. Se consideran como tal la destrucción de fosas comunes o lugares de memoria o los «actos de exaltación» del franquismo.

Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende también la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Para ello, la norma declara la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo con «menosprecio y humillación a las víctimas».