El Gobierno protegerá a los funcionarios ante las amenazas de la Generalitat

Este sindicato ha diseñado un protocolo de actuación en caso de que los funcionarios se vean obligados a responder ante una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores, en el que se les recomienda que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

Órdenes por escrito

«En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales», se añade. Además, el sindicato pondrá a disposición de los funcionarios una línea de consulta y un servicio jurídico.  «Cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales».

En los vídeos revelados, Llach advierte a los funcionarios que «el que no la cumpla-la ley de transitoriedad- será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios». La misma premisa ha repetido en varias conferencias, en las que insiste en que «cuando estas leyes estén en funcionamiento, los que no respondan a la legalidad catalana podrán ser sancionados por el Estado catalán». Como ejemplo, Llach pone el pago de la declaración de la renta de un hipotético Estado independiente. «Quien no pague en Cataluña, será sancionado», amenaza.

El Govern avala las palabras

Por parte del Gobierno catalán se ha evitado desautorizar las palabras de Llach. La consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, ha afirmado este martes que los funcionarios «están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento», dejando abierta la posibilidad de sanciones.

Roger Torrent, portavoz de Junts pel Sí,  ha considerado que las afirmaciones de Llach son una «obviedad» en tanto en cuanto las leyes generan derechos y deberes para todos los ciudadanos. Torrent ha avisado de que, en el momento en que la Cámara apruebe la Ley del referéndum, «habrá una única legalidad que se deberá aplicar y que generará deberes y derechos».

Por su parte, C’s, PSC y PP han exigido al Gobierno catalán que aclare si prevén sancionar a los funcionarios que incumplan la Ley. La socialista Eva Granados ha considerado que «todo es un despropósito» y ha recordado al Gobierno catalán que lo que tiene que hacer es «pagar lo que debe a los funcionarios. Son los funcionarios de todo el Estado a quien más dinero se les debe. Haría bien en colaborar y ayudar a recuperar los derechos que se les ha conculcado».