El Gobierno conservará el control total de la destitución del fiscal tras la reforma de Sánchez y Bolaños

El Gobierno mantendrá el control total de la destitución del fiscal general del Estado tras la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que prepara el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. La reforma, que Moncloa presenta como un paso para la «independencia» de la Fiscalía, conserva numerosos elementos de injerencia por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en lo que respecta a las causas de cese del fiscal general.

Como ahora, son cinco las razones que podrán motivar ese cese: «A petición propia», «por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley», «en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo», «por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» o «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».

El procesamiento del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo encajaría en el cuarto supuesto. Sin embargo, el Gobierno mantiene un apoyo cerrado al fiscal e, incluso, ha dedicado las últimas horas a una ofensiva inédita contra el Alto Tribunal, cuya decisión cuestiona abiertamente.

«Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender», ha lanzado este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una crítica explícita al auto del juez Ángel Hurtado. A Alegría también le preguntaron si el juez está prevaricando, algo que no descartó, reiterando:  «Creo que con la expresión difíciles de entender se explica bien. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada».

Muy polémica fue también la afirmación del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, tras conocerse el auto de procesamiento, llegó a calificar al Supremo de «oposición real» al Gobierno: «La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal», escribió en sus redes sociales.

Reforma de Bolaños

La reforma del Estatuto Fiscal que promueve el Gobierno -actualmente en trámite de audiencia pública- intenta maquillarse como un ejercicio de independencia de la Fiscalía para cumplir con los estándares europeos. Por ejemplo, desligando el mandato del fiscal general de la legislatura al ampliarlo a cinco años.

En cambio, el control de su destitución sigue en manos del Ejecutivo de turno. Así, será de nuevo el Consejo de Ministros el encargado de «apreciar» la existencia de causa de cese. Sólo se añade una precisión: en el caso de «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones», se deberá contar con «el informe previo del Consejo General del Poder Judicial». En cualquier caso, no se indica si ese informe es vinculante. Cabe recordar que no lo es en su nombramiento -sí es obligatorio- y que ya rechazó en su día a García Ortiz. Se convirtió, de hecho, en el primer fiscal general propuesto por el Gobierno y considerado «no idóneo» por el CGPJ. Pese a ello, el Ejecutivo socialista siguió adelante con su designación.

En este contexto, el apoyo del Gobierno a García Ortiz se mantiene sin fisuras. El Ejecutivo mantiene su ofensiva contra los jueces, como hace también con los instructores de los casos sobre Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno. La idea que traslada Moncloa es que las «acusaciones» sobre todos ellos no tienen fundamento. La portavoz del Gobierno, además de atacar al juez Hurtado, reiteró este miércoles la «total confianza» hacia el fiscal general.

Cabe destacar que el auto del juez Hurtado apunta directamente a La Moncloa en la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Así, el juez señala que cabe presumir como hechos que «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», el fiscal general del Estado, «con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía» sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo». El juez hace referencia a una información publicada entonces por el diario El Mundo, según la cual la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto para admitir dos delitos fiscales.