El Gobierno admite que no sabe si los 160 millones a países africanos para «luchar contra la inmigración» sirven para algo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que no sabe si dan «resultado» las subvenciones por valor de 160 millones de euros que el Ejecutivo socialista ha destinado a diferentes países africanos, entre los que está Marruecos, para «luchar contra la inmigración ilegal».

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha reconocido este extremo a través de un informe sobre el grado de avance de la aplicación del Plan Estratégico de Subvenciones de Interior en el último año completo, es decir, 2025. En él, analiza si las subvenciones planificadas para diferentes países en ese año se han ejecutado según lo previsto. Entre los objetivos de las ayudas proyectadas estaba «fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad y en materia de migración transnacional».

«El principal objetivo de las líneas de subvención gestionadas por esta Dirección General es la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y contra la inmigración irregular», reconoce el propio documento de Interior.

Sin embargo, admite que «no resulta posible establecer una vinculación proporcional con los resultados obtenidos». Es decir, afirma que no se puede saber si la inversión millonaria del Gobierno de Sánchez ha influido en la reducción de los flujos migratorios y que, por tanto, el Ejecutivo no puede medir la utilidad de sus inversiones.

«Variabilidad» de la inmigración

La cartera de Marlaska atribuye este problema a «la propia naturaleza y finalidad de dichas ayudas, centradas en un enfoque preventivo y de refuerzo de las capacidades de las autoridades de los cuerpos policiales de terceros países». Además, asegura que se debe «en gran parte» a «la variabilidad de la actuación de las redes criminales y de los movimientos y flujos migratorios».

Dos de esas líneas de ayudas, que suman 15 millones de euros, están dedicadas a la formación de los agentes de terceros países y a la detención de inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente las fronteras.

Por un lado, se han invertido 13,5 millones de euros en asegurar la detención de personas vinculadas al tráfico de personas, así como en incrementar el número de inmigrantes interceptados al cruzar las fronteras de manera irregular. Esta medida estaba destinada a Senegal, Mauritania, Gambia o Guinea.

Por otro lado, también se señalaban los mismos problemas a la hora de fiscalizar el impacto real de las ayudas para la compra de material por valor de 1,8 millones en Marruecos y Mauritania. En el reino alauí se adquirieron 20 sistemas de videovigilancia, mientras que al país mauritano se cedieron 45 automóviles.

Si bien se previó un desembolso mayor, finalmente no se acometió otra inversión en vehículos para Senegal y Gambia. En el caso de estas naciones africanas, se dejaron de entregar 16 vehículos.

160 millones desde 2018

Estas son dos de las líneas de ayudas en este último año, entre otras para ese ejercicio, pero el montante total desde la llegada de Sánchez al poder eleva el gasto por encima de los 160 millones de euros. El Gobierno admitió haber entregado ese montante a varios países africanos entre 2018 y 2024, «incluyendo al Reino de Marruecos», para «la lucha contra la inmigración irregular».

Desde el Gobierno recordaron que existen «acuerdos de colaboración con más de 20 países» para «canalizar de forma segura y ordenada la inmigración». Y abunda en que, si se quiere frenar la llegada irregular de extranjeros, se debe establecer una «cooperación migratoria con los países de origen y tránsito».

A su vez, reconocieron que «se ha intensificado la cooperación bilateral migratoria con los países africanos». Específicamente, el Gobierno se refiere a Mauritania, Senegal, Marruecos, Argelia y Gambia. Y recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el presidente han visitado esos lugares «para afrontar el desafío migratorio desde una perspectiva multidimensional».

En todo caso, el último informe de Interior refleja que no existe una forma de medir el impacto de las ayudas. Y en ese último documento justifica su falta de datos sobre la efectividad de estas ayudas en que la inmigración ilegal está «condicionada por una multitud de factores, incluyendo razones económicas, políticas, sociales, entre otras» y «resulta muy complejo fijar valores a medio y largo plazo que, de no poder cumplirse, podrían impedir la consecución de los objetivos previstos».