La Fiscalía pide inhabilitar a Torra un año y ocho meses y una multa de 30.000 € por los lazos amarillos

Quim Torra
Una gran pancarta por los "presos políticos y exiliados" preside el Palacio de la Generalitat. (Foto: Joan Guirado/OKDIARIO)

La Fiscalía Superior de Cataluña quiere inhabilitar durante un año y ocho meses al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) por negarse a retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral.

La Fiscalía ha pedido abrir juicio oral contra el presidente catalán ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que se le condene por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal y se le imponga una multa de 30.000 euros.

El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos, lo que conlleva la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que Torra recibió el 11 de marzo una resolución de la JEC en el que se le instaba, en el plazo máximo de 48 horas, a la "inmediata retirada de las banderas ‘estelades’ o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat".

La Fiscalía relata como, a pesar de la claridad de la orden de la JEC, Torra "decidió desatenderla pese a ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento".

Asimismo, constata que poco antes del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la orden, a raíz de un expediente abierto por una reclamación de C’s, el presidente presentó un escrito interesando una reconsideración del acuerdo.

A ojos del fiscal, la reconsideración era "improcedente al tratarse de una resolución administrativa firme", pero aun así la JEC la admitió otorgándole naturaleza de recurso de reposición, anunciando la decisión para una reunión del 18 de marzo.

Tras este anuncio de la JEC, Torra, en una comparecencia en Tarragona el 14 de marzo, "manifestó su negativa a retirar la simbología aludida por la JEC".

El 18 de marzo, la JEC acordó reiterar al presidente de la Generalitat el requerimiento de retirar los lazos en el plazo de 24 horas, adscribiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, si persistía en desobedecer, y requirió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informara de si Torra finalmente cumplía.

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