La Fiscalía fracasa en el intento de parar las demandas ciudadanas contra la amnistía: irán al Supremo

La Fiscalía fracasa en su intento de parar el aluvión de demandas ciudadanas contra la Ley de la Amnistía. Tres juzgados de Madrid, Murcia y Córdoba que estaban estudiando este tipo de demandas de particulares, se han declarado incompetentes para seguir con el procedimiento. Sin embargo, lejos de rendirse, el abogado José Luis Sariego -principal precursor de esta iniciativa- ya prepara un nuevo modelo de demanda para presentar ante el Tribunal Supremo.

Más de 300 ciudadanos han tratado de rebelarse contra la tramitación parlamentaria de la Ley de la Amnistía presentando en los juzgados de instrucción una demanda contra los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como contra la Mesa y Presidencia del Congreso. El Juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid fue el primero en admitir a trámite esta demanda, llegando a señalar una vista para que acudiera la demandante, pero la Fiscalía intervino solicitando la suspensión de la citación. El juez aceptó la petición del Ministerio Público y, días más tarde, dictó un auto de incompetencia.

El juzgado entiende que ni él, ni ningún tribunal ni nacional ni extranjero es competente, pues las Cortes son inviolables. Sin embargo, los precursores de esta iniciativa se niegan a tirar la toalla. Según ha podido saber este periódico, los letrados del bufete Pérez-Roldán se amparan en que «la inviolabilidad es a efectos penales, no a afectos de control de las leyes, pues en tal caso, si la inviolabilidad supone no poder controlar las leyes, tampoco las podría controlar el Tribunal Constitucional». Así, ya están preparando un nuevo modelo de demanda descargable para que los ciudadanos lleven a instancias superiores su petición.

Distintas asociaciones también se han prestado a colaborar con la causa solicitando justicia gratuita a través de sus organizaciones. De este modo, los ciudadanos podrán contar con abogados de oficio para evitar pagar las costas del proceso judicial si éste llegara a prosperar en los juzgados. El objetivo es llegar al Alto Tribunal y tratar de paralizar la tramitación parlamentaria de la amnistía.

Amnistía en tramitación

Las demandas ciudadanas contra la amnistía consisten en la petición de una medida cautelar para paralizar la tramitación parlamentaria de la ley en el Congreso. Este texto ya está en la Cámara Baja y está siendo tramitado por un procedimiento de urgencia que reduce a la mitad los plazos habituales. Tras este primer trámite, la Mesa del Congreso tendrá que calificar la ley para que sea debatida en el Pleno y que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren oportunas a la norma.

Después del paso por el Congreso, la amnistía viajará hasta el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El PP ha propuesto reformar el artículo 133 para retrasar al menos dos meses el debate de la ley. Sin embargo, el PSOE ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que frene esta petición. El tribunal garante de la Constitución aún no se ha pronunciado. 

En cualquier caso, aunque se dilaten los plazos en el Senado, la amnistía volverá de nuevo al Congreso, donde será finalmente aprobada, ya que Pedro Sánchez y sus socios tienen mayoría en el hemiciclo. Será entonces cuando los tribunales tendrán un plazo de dos meses, tras la entrada en vigor de la norma, para aplicarla. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que se esperan recursos contra la ley y que incluso podrían llevar la amnistía a los tribunales europeos.