El fiscal general de Colombia viajará a Madrid en mayo para intercambiar información del ‘caso Lezo’

El próximo 15 de mayo el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, tiene previsto desplazarse a Madrid para tener una reunión con su homólogo español, José Manuel Maza, para intercambiar información sobre los sobornos en el caso del Canal de Isabel II.

El eco de la ‘operación Lezo’ ha cruzado el charco y ha puesto en alerta a las autoridades colombianas, por las implicación de empresarios y funcionarios públicos en el escándalo de sobornos que rodean a la trama que presuntamente encabezaba el ex presidente madrileño Ignacio González.

El fiscal general colombiano indicó que las evidencias de este caso de corrupción incluye a la empresa Triple A de Barranquilla. «Son dos investigaciones, una por la ley 600, ya que algunas conductas son anteriores a 2008 cuando inició el sistema penal acusatorio y la otra por 906, en los dos casos ya tenemos asignados fiscales y pronto tendrán resultados», ha asegurado Néstor Humberto Martínez.

La conexión colombiana

El juez Velasco investiga el pago de comisiones millonarios por la adjudicación de contratos del Canal de Isabel II y por la compra de sociedades en Latinoamérica, en concreto en Colombia, Brasil y República Dominicana.

La conexión colombiana del caso Canal afecta a la concesión de la gestión del agua en varias ciudades importantes. El Canal de Isabel II se habría hecho con estos derechos a cambio de mordidas a empresarios y funcionarios de aquel país. Uno de los focos es la ciudad de Barranquilla, donde, según los propios trabajadores de las adjudicatarias, denunciaron el pago de comisiones ilegales a socios colombianos para conseguir los contratos.

El Canal de Isabel II se hizo con la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) en el año 2001, como paso previo para extender sus tentáculos en Latinoamérica. Edmundo Rodríguez Sobrino fue el hombre de confianza de González al frente de Inassa. La compañía de aguas comenzó a hacerse con acciones de otras empresas adjudicatarias de la gestión de aguas, como Triple A en Barranquilla, una de las firmas que está en el foco de las investigaciones de la Fiscalía colombiana.

Inassa fue adquirida por 100 millones de dólares, un valor que, según la investigación de la Audiencia Nacional, está muy por encima del valor real de la compañía.